Cinco policías venezolanos serán investigados tras detener a 33 hombres acusados de cometer el “delito de homosexualidad”

Cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) serán presentados ante un tribunal en Venezuela tras ser señalados por la detención de 33 hombres en un local de entretenimiento LGTBI en Barquisimeto, estado Lara. El procedimiento, realizado el sábado, incluyó un allanamiento que varias organizaciones no gubernamentales denunciaron como ilegal y acompañado de actos de extorsión. La información fue confirmada este domingo por el Ministerio Público (MP), que anunció la apertura de una investigación penal.

El Ministerio Público comunicó que la PNB activó sus mecanismos de control interno, poniendo a disposición de la Fiscalía a cinco agentes implicados, quienes serán presentados en las próximas horas. Se designaron la Fiscalía 21 de Lara y la Fiscalía 98 Nacional, con competencia en derechos humanos y diversidad de género, para llevar adelante las pesquisas sobre “el presunto allanamiento y la ejecución de actos contrarios a la ética pública”.

Acusaciones y reacciones tras la detención en Barquisimeto

Durante el operativo, los agentes —según denuncias de las organizaciones Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+, Caleidoscopio Humano y Movimiento Somos— “acusaron a las personas de ‘ejercer el delito de la homosexualidad’”, una figura que no está tipificada en la legislación venezolana. Las ONG aseguraron que los 33 hombres estuvieron retenidos durante diez horas, sometidos a humillación pública y exponiendo su orientación sexual ante familiares y amigos.

El hecho generó un inmediato pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que ofreció acompañamiento y mediación a las víctimas, además de activar mecanismos de articulación con el Ministerio Público y la PNB. La institución estableció contacto con la Oficina de Atención a la Víctima de Abuso Policial y prometió seguimiento a la denuncia.

Contexto legal y antecedentes de detenciones a la comunidad LGTBI en Venezuela

El país carece de leyes que reconozcan derechos como el matrimonio igualitario o el cambio legal de identidad de género. Personas trans deben identificarse legalmente con un nombre que no las representa y las parejas del mismo sexo no pueden casarse. Defensores de derechos humanos han denunciado la existencia de actos arbitrarios y discriminatorios, incluso desde las autoridades.

En julio de 2023, se produjo un caso similar en Valencia, estado Carabobo, cuando 33 hombres fueron arrestados en un spa privado bajo cargos de “ultraje al pudor” y “agavillamiento”. Tras protestas de sectores sociales, 30 de ellos recibieron libertad condicional y el resto, incluido el dueño del local, fue liberado días después. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en agosto de ese año su preocupación por “acciones arbitrarias” y “abusos de autoridad” cometidos por agentes de seguridad contra personas LGTBI, instando a Venezuela a abstenerse de criminalizar este colectivo.

En el operativo de Barquisimeto, organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+ y el Movimiento Somos exigieron una investigación inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables. Según el activista Romario Sánchez, desde 2020 se han registrado allanamientos similares en al menos ocho locales LGTBI de ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Mérida.

Denuncias y seguimiento a la investigación penal

El procedimiento en Barquisimeto fue descrito por las ONG como una criminalización de la orientación sexual y una vulneración de derechos. Los funcionarios policiales actuaron vestidos de civil y, según Jau Ramírez, director del Movimiento Somos, participaron al menos doce agentes, incluidos comandantes de una división de la PNB en Lara.

El Ministerio Público indicó que los cinco policías implicados serán presentados ante un tribunal de control. La investigación penal busca esclarecer las circunstancias del allanamiento y las posibles violaciones a los derechos humanos de los afectados. La Defensoría del Pueblo, junto con la Oficina de Atención a la Víctima de Abuso Policial, continuará acompañando a las víctimas y supervisando las actuaciones de las autoridades en el caso.