La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) instó este viernes al régimen de Nicolás Maduro a impulsar “esfuerzos genuinos” de rendición de cuentas dentro de Venezuela respecto a las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos años, según comunicó desde La Haya el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang.
La advertencia subraya que la llamada “complementariedad” invocada por Caracas —que busca limitar la intervención de instancias internacionales— depende de progresos concretos para esclarecer y juzgar los hechos denunciados, según explicó el tribunal.
Niang recibió en la sede de la CPI a la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, a quien reiteró el compromiso de la Fiscalía para continuar con las investigaciones abiertas sobre presuntos abusos cometidos en el país. “La Fiscalía está comprometida a avanzar con sus investigaciones para garantizar justicia para las víctimas de presuntos crímenes”, enfatizó el organismo, al tiempo que demandó avances en materia de responsabilidades.
La CPI mantiene dos procedimientos activos: uno indaga posibles crímenes contra la humanidad perpetrados contra opositores al régimen y el otro, impulsado por el chavismo, plantea un análisis sobre los efectos de las sanciones internacionales que Venezuela denuncia como un “bloqueo criminal”.
Rodríguez manifestó la preocupación del chavismo por la “lentitud” de esta segunda línea de investigación, aseverando que las sanciones derivaron en una tasa de mortalidad “similar” a la de un conflicto armado.
Por otra parte, en un contexto de crecientes tensiones políticas, el gobierno de Estados Unidos amplió este jueves la recompensa por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro hasta los 50 millones de dólares, duplicando la cifra previa. Washington acusa a Maduro de operar junto a organizaciones de narcotráfico y de minar la democracia en Venezuela.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, calificó a Maduro como “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, mediante un mensaje en la red social X. Bondi afirmó que cárteles internacionales como el Tren de Aragua, Sinaloa y el Cartel de los Soles colaboran con el régimen venezolano para introducir cargamentos de drogas en Estados Unidos. Según Bondi, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína relacionadas con Maduro y sus allegados, de las cuales casi siete habrían estado directamente vinculadas al mandatario.
La reacción oficial del régimen chavista llegó rápidamente, con el canciller Yván Gil calificando la recompensa y las acusaciones de Bondi como una “cortina de humo ridícula” y una “operación de propaganda política”. Maduro, por su parte, sostiene que las imputaciones buscan desviar la atención internacional y perturbar la soberanía venezolana.
La tensión entre ambos países se remonta a anteriores mandatos presidenciales estadounidenses. En 2020, durante la administración Trump, Washington acusó formalmente a Maduro de “narcoterrorismo” y ofreció 15 millones de dólares por su captura, cifra que ascendió a 25 millones bajo el gobierno de Joe Biden y ahora fue elevada a 50 millones durante la campaña de Trump.
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), establecida en Florida, consideró “crucial” la nueva recompensa, pero instó a la comunidad internacional a adoptar medidas más enfáticas, incluidas eventuales acciones militares y policiales coordinadas, para neutralizar a Maduro y su entorno. VEPPEX exhortó a desmantelar las redes de narcotráfico amparadas por el régimen y a fortalecer la cooperación internacional para la captura de los responsables.
Actores políticos en Estados Unidos, como el congresista Mario Díaz-Balart, señalaron que la medida evidencia el “firme compromiso” de Washington con la justicia y el Estado de derecho, al tiempo que acusan a Maduro de liderar organizaciones criminales y representar una amenaza directa a la seguridad estadounidense.
(Con información de AFP, EFE y EP)
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