La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes que el número de excarcelaciones de presos políticos superará las 500 liberaciones en las “próximas horas”. Sin embargo, la oposición y entidades que luchan por los derechos de los detenidos aguardan por la excarcelación de todos los aprehendidos por cuestiones políticas.
“El presidente de la Asamblea Nacional (había anunciado) que en las próximas horas 300 personas serían excarceladas. Ese número ha aumentado (...) y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones”, afirmó Rodríguez durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
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Varias organizaciones no gubernamentales reclamaron el cumplimiento de esta promesa por parte del gobierno chavista, tras denunciar que hasta el momento menos de cincuenta personas han sido puestas en libertad.
En la ceremonia estuvieron presentes el fiscal general, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Eglée González Lobato; el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; y el diputado Jorge Arreaza, encargado de la comisión de seguimiento de la ley de amnistía.
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Delcy Rodríguez explicó que estos casos no están contemplados en la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que las liberaciones se han realizado mediante la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Por este motivo, señaló que, a través de estos mecanismos, se alcanzaron 395 liberaciones luego de consultas con ONG y universidades, cuyos nombres no fueron precisados.

La presidenta encargada, que tomó el poder tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro, también sostuvo que, desde febrero, un total de 8.740 personas han recibido la libertad plena bajo la ley de amnistía.
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Organizaciones no gubernamentales venezolanas solicitaron el viernes a las autoridades cumplir con las trescientas excarcelaciones de presos políticos prometidas para esta semana, luego de que los registros de diversas entidades indicaran que las liberaciones solo alcanzaron cerca del 10% de ese total.
Las cifras sobre los presos políticos excarcelados varían entre las organizaciones de derechos humanos. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón reportó que 43 personas han sido liberadas esta semana, mientras que Foro Penal informó en X que las excarcelaciones se mantienen en 38. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, había asegurado que trescientas personas serían liberadas antes del viernes.
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“Recordamos que este tipo de pronunciamientos públicos genera enormes expectativas tanto en las personas detenidas arbitrariamente como en sus familiares, por lo que su incumplimiento representa una nueva y cruel afrenta a su dignidad humana”, expresó Justicia, Encuentro y Perdón en un mensaje en X.

Entre los liberados figuran tres ex funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, condenados a treinta años de prisión por hechos vinculados al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. También fue excarcelado el opositor Nervins Sarcos, ex alcalde del municipio Colón del estado Zulia, quien pasó 16 meses detenido por acusaciones de presuntos vínculos con el “tráfico de estupefacientes” y “mafias” en la región, según el Gobierno.
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Asimismo, obtuvieron la libertad una adolescente de dieciséis años y Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a veinticuatro años de prisión por presuntamente integrar un ataque marítimo fallido contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro en mayo de 2020.
Por otra parte, Delcy Rodríguez anunció que el 1 de junio comenzará la consulta nacional para reformar la Justicia penal en el país. Según explicó, un primer diagnóstico identificó tres grandes desafíos: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza, tras comprobar que el 68% de las personas encarceladas pertenecen a los sectores económicos y sociales menos favorecidos.
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Rodríguez denunció la existencia de jueces que exigen “comisiones” o practican la extorsión para otorgar medidas de libertad. Respecto al retardo procesal, informó que firmó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que elevó el número de magistrados de 20 a 32, medida que, según dijo, busca incrementar la actividad judicial.
En abril, la mandataria instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, orientada a superar las deficiencias persistentes en el sistema judicial, especialmente el retardo procesal y la corrupción.
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(Con información de EFE)
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