Una activista venezolana denunció la presencia de patrullas y hombres encapuchados frente a su casa

La activista venezolana Andreína Baduel —hija del ex ministro de Defensa y militar Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido— denunció este miércoles la presencia de “patrullas” y “encapuchados” a las afueras de su casa.

“Sí, hay patrullas frente a mi casa. Sí, hay encapuchados. Sí, nos siguen y nos graban. Pero no tenemos miedo”, aseguró la activista en su cuenta de X.

Asimismo, consideró este hecho como una “persecución” para “silenciar” la voz de “los que no pueden hablar”.

“Nos vigilan porque tenemos el coraje de señalar la injusticia. A mí me criminalizan por ser la voz de más de 1.000 familias con presos políticos en Venezuela”, agregó la también directora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

Baduel aseguró a EFE que la presencia de policías se mantiene desde el pasado 18 de junio, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), comunicó que otorgó medidas cautelares a favor de la activista, al considerar que se encuentran en “una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”.

“Ser Baduel no es un delito”, manifestó la activista, también hermana de Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020 y acusado de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, y considerado como preso político.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 948 presos políticos, de los cuales 852 son hombres y 96 mujeres.

La organización comunicó en su cuenta de X que hasta el 14 de julio, entre los arrestados, hay 852 hombres y 96 mujeres. Dentro del grupo, se encuentran 944 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

La lista también incluye a 88 personas extranjeras.

La mayoría de los detenidos, entre ellos 778 civiles y 170 militares, fueron arrestados después de las elecciones presidenciales de 2024, en las que el ente electoral —controlado por el chavismo— proclamó como ganador al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude realizadas por la oposición mayoritaria agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde 2014 hasta la fecha, el Foro Penal ha documentado 18.439 casos catalogados como detenciones políticas en Venezuela.

Quién fue Raúl Baduel

Raúl Baduel fue durante años uno de los hombres más poderosos de Venezuela. General del Ejército y ministro de Defensa, protagonizó uno de los episodios más recordados del chavismo: la restitución de Hugo Chávez en el poder tras el fallido golpe de Estado de abril de 2002. Fue él, al mando de la Brigada de Paracaidistas, quien organizó la operación que devolvió a Chávez a Miraflores. Esa acción lo consagró como héroe militar del proceso bolivariano. Su cercanía con el presidente era tal que fue nombrado comandante general del Ejército en 2004 y, dos años después, ministro de Defensa. Para entonces, Baduel ya era considerado una figura tutelar dentro del proyecto revolucionario.

Sin embargo, esa alianza se quebró de forma abrupta en 2007. Ese año, Chávez impulsó una ambiciosa reforma constitucional que pretendía abolir los límites a la reelección presidencial y ampliar su poder. Baduel, recién retirado del cargo ministerial, sorprendió al país con una declaración pública en la que llamó a votar en contra de la reforma. La calificó de “golpe de Estado jurídico” y advirtió sobre la deriva autoritaria del chavismo. Fue un gesto inusual para un militar de alto rango en Venezuela, y marcó el inicio de su ruptura definitiva con el poder.

Desde entonces, Baduel pasó de ser un aliado emblemático a convertirse en uno de los principales disidentes dentro de las Fuerzas Armadas. El gobierno respondió con una estrategia de descrédito. En 2009 fue detenido por presuntos actos de corrupción durante su gestión como ministro. Un tribunal militar lo condenó a casi ocho años de prisión, acusado de desviar fondos públicos por un valor cercano a los cuatro millones de dólares. Baduel siempre sostuvo que se trataba de una persecución política, un castigo por su decisión de desafiar a Chávez. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron irregularidades en el proceso judicial y consideraron que su caso tenía motivaciones políticas.

En 2015, después de cumplir parte de su condena, obtuvo la libertad condicional. Pero dos años más tarde volvió a ser detenido, esta vez por supuesta conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde entonces fue trasladado entre distintas cárceles de alta seguridad, y sus abogados y familiares denunciaron condiciones de aislamiento, falta de atención médica y tratos degradantes. Para 2019, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU exigió su liberación inmediata.

El 12 de octubre de 2021, el fiscal general Tarek William Saab anunció la muerte de Baduel por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Estaba recluido en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). La noticia desató una oleada de indignación entre defensores de derechos humanos, que reclamaron una investigación independiente sobre las circunstancias del fallecimiento. Su hija, Andreina, denunció que llevaba semanas sin recibir atención médica adecuada.

(Con información de EFE)