La oposición de Venezuela pidió a los ciudadanos documentar los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor de Venezuela, pidió este lunes continuar con la documentación de “los crímenes” que -asegura- han cometido “funcionarios de seguridad”, un llamado que hizo luego de que la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) informara que evalúa informes sobre supuestos casos tras los comicios del 28 de julio en el país caribeño.

“Hacemos un llamado a que cese la violencia ejercida desde el Estado en Venezuela y a que se sigan documentando los crímenes cometidos por funcionarios de seguridad”, señaló la PUD en X, donde compartió el enlace habilitado por la Fiscalía de la CPI para recibir información “pertinente de manera rápida”.

A juicio de la coalición opositora, con la reciente comunicación de la Fiscalía del tribunal de La Haya, “queda claro que los ojos del mundo están sobre Nicolás Maduro y las numerosas violaciones a los derechos humanos que se han cometido desde el 29 de julio”, de las que no dio detalles en la publicación.

Según su oficina, el fiscal de la CPI, Karim Khan, está “monitoreando activamente” la situación actual en ese país y “evaluando, de manera independiente”, los informes sobre posibles crímenes tras las elecciones presidenciales, en las que, según el ente comicial, Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo.

La Misión internacional independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió este lunes al régimen de Venezuela cesar la “creciente represión” tras las presidenciales del 28 de julio e investigar “exhaustivamente” las muertes registradas en las protestas que se desencadenaron tras denuncias de fraude.

“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión sobre Venezuela, citada en un comunicado.

El reporte contabilizó 23 fallecidos, la mayoría por disparos, durante las protestas para rechazar los resultados del ente electoral, que anunció la reelección de Maduro en medio de denuncias de fraude de la oposición.

Después de analizar los datos publicados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Misión indicó que al menos 1.260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres.

El régmen de Maduro ha dicho que van más de 2.200 arrestados, a quienes tilda de “terroristas”.

“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, señaló Patricia Tappatá, experta de la Misión.

Entre los detenidos hay dirigentes, simpatizantes de partidos, periodistas, así como defensores de derechos humanos, considerados o percibidos como opositores por las autoridades, según el informe.

Muchas de las capturas, agrega el documento, ocurrieron después de que las personas participaron en manifestaciones o expresaron sus opiniones en redes sociales.

El reporte subraya informes sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas y que no cuentan con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales.

El documento reclama “garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez”, señaló Francisco Cox, experto de la Misión.

Durante un consejo de ministros encabezado por Maduro, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó este lunes que la Misión de Determinación de los Hechos “se quiere atribuir una investigación que no le compete” y sigue “actuando contra Venezuela”.

Saab contabilizó, por su parte, que los disturbios suscitados por “el desconocimiento de los resultados electorales” dejaron 25 muertos, dos de ellos militares, y 192 heridos, de los cuales 97 pertenecen a los “cuerpos de seguridad del Estado”.

(Con información de EFE y AFP)