La Corte Penal Internacional monitorea las denuncias sobre violencia en Venezuela y dejó una fuerte advertencia al régimen de Maduro

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional dijo el lunes que está “vigilando activamente” los acontecimientos en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad han lanzado una ofensiva contra la oposición tras las fraudulentas elecciones presidenciales.

Las fuerzas leales a Nicolás Maduro han detenido a más de 2.000 personas por manifestarse en contra del dictador o poner en duda sus afirmaciones de que ganó un tercer mandato en las elecciones del 28 de julio, a pesar de la fuerte evidencia de que perdió la votación ante el opositor Edmundo González Urrutia por un margen de más de dos a uno.

Además, las protestas dejaron al menos 24 muertos, según grupos de derechos humanos.

En una declaración escrita a los periodistas, la oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, afirmó que está “siguiendo activamente los acontecimientos actuales y ha recibido múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.

En la declaración se afirma que la oficina de Khan “se ha puesto en contacto con el Gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respeta el Estado de derecho en el momento actual y hacer hincapié en que todas las personas deben ser protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma”.

El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la Corte y describe los delitos sobre los que tiene jurisdicción.

Maduro ha pedido a los venezolanos que denuncien a quienes dudan de las elecciones a través de una aplicación gubernamental creada originalmente para denunciar apagones. También dijo que el gobierno estaba remodelando dos prisiones dominadas por bandas para dar cabida a un esperado aumento en el encarcelamiento de opositores.

“No habrá piedad”, dijo Maduro en la televisión estatal.

La CPI tiene una investigación en curso sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad que habría cometido el gobierno en Venezuela en 2017, durante protestas de la oposición en las que murieron más de 100 personas, pero hasta ahora no ha solicitado ninguna orden de arresto.

Khan, anunció a finales de 2021 que abría la investigación tras una larga indagación preliminar y una remisión oficial -una solicitud para investigar- en 2018 por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

Su oficina dijo el lunes que “esas investigaciones continúan con enfoque”. Destacó un portal en línea donde se pueden presentar posibles pruebas.

“En caso de que cualquier individuo u organización tenga información que pueda ser relevante para esta investigación en curso, le agradeceríamos que la presente”, dijo el comunicado de la fiscalía.