El chavismo desestimó las críticas sobre la gestión de los terremotos

Visto el récord histórico del régimen chavista en cuanto al respeto a la libertad de expresión, debe reconocerse que sin duda ha habido una apertura tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Este “nuevo momento político” -así definido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez- ha coincidido con el doblete sísmico del 24 de junio, cataclismo que ha concitado el interés mundial, con medios de todas partes aterrizando en Venezuela para cubrir la tragedia.

El gobierno ha permitido el ingreso de corresponsales que en los tiempos de Maduro estaban absolutamente vetados. Y no ha puesto demasiadas trabas a la labor periodística en el terreno. Sin embargo, la tolerancia chavista se agota rápidamente.

Fiel a su costumbre, el oficialismo arrecia su ofensiva contra la prensa independiente y atribuye todas las críticas a su gestión del desastre a “matrices de opinión” que buscarían socavar su estabilidad.

“La primera decisión ese día fue militarizar el estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate”, apuntó Delcy Rodríguez en una rueda de prensa.

Los ataques y limitaciones al trabajo de los reporteros encienden las alarmas del gremio periodístico venezolano y de organizaciones de la sociedad civil, que rechazan los insultos y exigen eliminar la censura que aún afecta a las plataformas digitales.

Límites

“Lo peor del palangrismo mundial quiso hacer en Venezuela una fiesta de sangre, de muerte”, disparó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmando que los medios internacionales “vinieron con un guion preparado, buscando alebrestar a los venezolanos”. Palangre es el término que se utiliza en Venezuela para referirse al pago ilícito que recibiría un periodista por publicar una información a favor o en contra de cierta persona.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó las palabras de Cabello, “que descalifican y estigmatizan a periodistas y medios de comunicación”.

“Este tipo de señalamientos desde altas autoridades alimenta un clima de hostilidad contra la prensa y puede incrementar los riesgos para quienes ejercen labores informativas en el terreno”, manifestó el SNTP.

Luego trascendió que el gobernador chavista del estado Monagas, Ernesto Luna, solicitó a los comunicadores no entrevistar a los sobrevivientes del terremoto que se están trasladando a esa entidad del oriente venezolano, advirtiendo que quien desafíe esta prohibición se expone a acciones judiciales.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) respondió a Luna que “el intento de prohibir o restringir las entrevistas a los ciudadanos damnificados por los recientes terremotos es una violación flagrante al derecho humano y constitucional de informar y estar informado, especialmente en situaciones de vulnerabilidad y emergencia donde la visibilidad de los afectados es clave para la ayuda humanitaria y la contraloría social”.

Los voceros gremiales han denunciado amenazas contra periodistas venezolanos y extranjeros por parte de cuerpos de seguridad en el estado La Guaira, declarado zona de desastre tras el doblete sísmico, y hasta la detención por dos horas de una reportera que hablaba con vecinos afectados por la paralización de los ascensores en las torres residenciales más altas del país.

Bloqueo

La ONG Provea recordó a Delcy Rodríguez que “tiene la obligación de ordenar el desbloqueo de los más de 90 medios digitales independientes que siguen censurados en Venezuela”. Entre los afectados está Infobae.

“Necesitamos transparencia y acceso a información ante emergencias nacionales. Las personas en zonas afectadas necesitan información verificada sobre réplicas, rutas de evacuación y servicios activos. El acceso a la información está reconocido en el artículo 58 de la Constitución. Los bloqueos informativos deben cesar”, demandó Provea.

La mandataria encargada instaló el 23 de enero el Programa para la Convivencia y la Paz, instancia que abrió un proceso de diálogo con el gremio periodístico para abordar, entre otros temas, el caso de los medios bloqueados. Hasta la fecha, ese asunto sigue sin resolverse.