
El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, más conocido como “El Pollo”, partió este miércoles desde España rumbo a Nueva York, Estados Unidos, donde se espera que llegue en horas de la tarde local, indicó su abogado estadounidense, Zachary Margulis-Ohnuma, a la agencia de noticias AP.
La decisión de su extradición la tomó la Audiencia Nacional española el martes y, como pidió que se realizara de “manera inmediata”, hoy ya despegó hacia la ciudad norteamericana.
Carvajal, quien fue jefe del servicio de espionaje venezolano, estuvo prófugo en España desde noviembre de 2019 hasta septiembre de 2021. Tras su segunda detención —ya había sido arrestado en abril de 2019 cuando llegó a Madrid luego de escaparse de Venezuela—, un comunicado de la Fiscalía de Nueva York dio a conocer las acusaciones que se le adjudican, y las sentencias mínimas y máximas que se podrían esgrimir en el caso.
Audrey Strauss, fiscal del Distrito Sur de Nueva York; y Wendy Woolcock, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), explicaron que el ex funcionario venezolano fue detenido en virtud de una acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York.

Las acusaciones
El auto de procesamiento acusa a Carvajal de participar en una conspiración de narcoterrorismo y en una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, incluyendo un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína transportado desde Venezuela a México en abril de 2006, junto con delitos relacionados con armas de fuego.
“Carvajal Barrios, de 61 años (en ese momento), ciudadano venezolano residente en España, entre otros lugares, está acusado de participar en una conspiración de narcoterrorismo, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua; y conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua”, señaló en su momento la Fiscalía de Nueva York.
Además, se lo acusa de “usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua; y conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promoverlas, lo que conlleva una pena máxima de cadena perpetua”.
“Las posibles penas mínimas y máximas obligatorias en este caso han sido prescritas por el Congreso y se facilitan aquí únicamente con fines informativos, ya que cualquier condena de los acusados será determinada por el juez”, aclararon desde la Fiscalía.

Strauss elogió los “extraordinarios esfuerzos” de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA y de la División de Campo de Miami, de Homeland Security Investigations, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU, de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EEUU, de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y de la Unidad de Fugitivos de la Policía Nacional española.
En otro orden, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, “El Pollo” también habría proporcionado armas a guerrilleros de las FARC en Colombia y ayudado a financiar las actividades del grupo al facilitar envíos de gran cantidad de cocaína destinada a Estados Unidos a través de Venezuela.
El ex general, quien era un estrecho colaborador del ex presidente venezolano Hugo Chávez, huyó de Venezuela tras romper con Nicolás Maduro e incluso apoyó a la oposición contraria al régimen.
En los últimos años, realizó numerosos intentos de dilatar su traslado a los Estados Unidos, los cuales incluyeron reiterados pedidos de asilo político y ofertas de intercambio de información para colaborar con causas relacionadas al terrorismo y al financiamiento político en España, pero todos fueron rechazados por los tribunales competentes.
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