Un jurado de Nuevo México, Estados Unidos, determinó que Facebook de Meta engañó a millones de usuarios sobre sus prácticas de privacidad y la protección de sus datos personales en el contexto del caso de Cambridge Analytica.
Tras el veredicto, el juez Francis Mathew deberá definir las sanciones civiles contra Meta, mientras que la Fiscalía de Nuevo México buscará la pena máxima y pedirá cambios en la gestión de la información de los usuarios.
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El fallo llegó tras un juicio de dos semanas por una demanda presentada en 2021 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez. La causa se originó por las acusaciones de que Cambridge Analytica obtuvo datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento a través de una aplicación de terceros.
La fiscalía sostuvo que Facebook engañó a los residentes de Nuevo México sobre la forma en que compartía datos con terceros y aplicaba sus políticas frente al discurso de odio y la desinformación.
Meta, por su parte, negó haber vendido información de sus usuarios y afirmó que las declaraciones cuestionadas fueron presentadas fuera de contexto.
En Estados Unidos, los jurados están conformados por ciudadanos escogidos de forma aleatoria que son residentes de la jurisdicción o el condado donde se realiza el juicio, comprenden, leen y escriben en inglés y no tienen incapacidades mentales.
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Qué decisión se tomó
El jurado concluyó que Meta incurrió en múltiples infracciones de la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México. Consideró engañosas 26 de las 29 declaraciones presentadas por la fiscalía, entre ellas afirmaciones vinculadas con los datos de los usuarios, el discurso de odio y la desinformación, recoge Reuters.
Los integrantes del jurado rechazaron, en cambio, las acusaciones de que Meta engañó a los consumidores con declaraciones sobre sus esfuerzos para eliminar contenido dañino y sus prácticas de verificación de datos.
El juez Mathew determinará ahora las sanciones después de que el jurado encontrara más de 43 millones de infracciones, calculadas a partir de las personas afectadas por las declaraciones consideradas engañosas. La legislación de Nuevo México permite imponer hasta USD 5.000 por infracción.
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Qué dijo Meta sobre la decisión
Un portavoz de Meta afirmó que la compañía no estaba de acuerdo con el veredicto y que seguiría defendiéndose “contra los intentos de distorsionar nuestro historial”.
“Las plataformas de Meta son foros para la libre expresión”, declaró el portavoz, según la agencia.
“Tenemos el derecho, amparado por la Primera Enmienda, de gestionar dichas plataformas de la manera que consideremos más conveniente para los intereses de nuestra comunidad. Esto implica priorizar la libertad de expresión, proteger la información de nuestros usuarios y brindarles control sobre sus datos”.
Los abogados de Meta argumentaron durante el juicio que las declaraciones cuestionadas eran fragmentos seleccionados de forma arbitraria y que omitían el contexto en el que la empresa había reconocido que su gestión de la privacidad y la desinformación no era perfecta. La compañía también negó vender información de los usuarios.
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Qué fue el caso de Cambridge Analytica
La Fiscalía de Nuevo México sostuvo que Facebook permitió que una aplicación llamada thisisyourdigitallife recopilara información de usuarios mediante un cuestionario académico de personalidad.
Unas 270.000 personas realizaron el cuestionario, pero la aplicación también podía obtener datos de sus amigos, incluso si esas personas no la habían instalado ni habían dado su consentimiento.
Según EFE, la recopilación afectó a unos 70 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, incluidos cerca de 350.000 residentes de Nuevo México, y a 87 millones de personas en todo el mundo. Posteriormente, los datos fueron vendidos a Cambridge Analytica, una consultora política ya desaparecida.
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La consultora utilizó esa información para elaborar perfiles psicológicos destinados a campañas de publicidad política segmentada durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.
Facebook tuvo conocimiento de la venta indebida en diciembre de 2015, pero, según la demanda, no notificó a los afectados ni verificó que los datos hubieran sido eliminados. El público conoció la brecha de seguridad en marzo de 2018.
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