La lucha contra la piratería digital en Colombia ha dado un nuevo golpe. En un reciente fallo, la justicia condenó a José Daniel Santacruz Benavides, distribuidor de la plataforma ilegal de streaming Magis TV, a pagar una indemnización superior a los 70 millones de pesos (aproximadamente 16.670 dólares) por infringir derechos de autor. Además, se ordenó el bloqueo permanente de los accesos a este servicio ilícito.
Esta información fue confirmada en exclusiva por ALIANZA a Infobae, la organización internacional que protege la propiedad intelectual de los principales proveedores de contenido audiovisual.
Qué ordenó la justicia
Según los detalles del fallo, la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior emitió una sentencia anticipada contra Santacruz Benavides por retransmitir sin autorización las señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+, propiedad de DIRECTV Colombia.
Como resultado, la sentencia determinó el pago de 70.350.000 pesos en concepto de perjuicios materiales, además de una orden judicial que prohíbe cualquier actividad relacionada con la distribución de Magis TV. Esto incluye la oferta, venta y comercialización del servicio, ya sea de forma directa o mediante intermediarios.
¿Es el verdadero fin de Magis TV en Colombia?
El fallo también ordenó que los principales proveedores de internet en el país, incluyendo ETB, Claro, Tigo-Une y Movistar, bloqueen de manera permanente el acceso a todas las direcciones IP y URL asociadas a Magis TV. Esta medida busca frenar la distribución ilegal de contenido audiovisual y proteger los derechos de los proveedores legales.
El caso de Magis TV no es nuevo en la agenda judicial colombiana. En noviembre de 2024, los hermanos Juan Diego y José Daniel Santacruz Benavides fueron detenidos en Pasto, Nariño, por su presunta participación en la comercialización de las aplicaciones Magis TV y Magis Oficial, que permitían a los usuarios acceder a contenido sin autorización legal.
Según la Fiscalía General de la Nación, estas aplicaciones no solo infringían los derechos de autor, sino que también representaban un riesgo para los usuarios, ya que contenían software malicioso capaz de comprometer la seguridad de sus dispositivos y datos personales.
La sentencia contra Magis TV es el resultado de una demanda impulsada por ALIANZA, que desde julio de 2021 llevó a cabo una investigación detallada sobre la estructura y operatividad de esta plataforma ilegal. Gustavo López, director ejecutivo de ALIANZA, destacó la importancia de este fallo en la lucha contra la piratería digital.
“Esta nueva sentencia nos llena de energía para seguir luchando contra este crimen organizado. Desde ALIANZA venimos realizando un trabajo muy intenso y comprometido con la protección de los derechos de autor de nuestros miembros”, afirmó López.
Además, advirtió sobre los riesgos a los que se exponen los usuarios al utilizar plataformas piratas. “Cuando una persona acude a estos sitios ilegales, entrega sus datos personales a organizaciones criminales. Sentencias como las de Colombia nos motivan a seguir adelante para brindar también la protección que necesitan y merecen los usuarios. Queremos que los consumidores puedan disfrutar de todos los contenidos disponibles de la forma correcta y segura”, añadió.
El caso de Magis TV no se limita a Colombia. En septiembre de 2024, como parte de las gestiones de ALIANZA, la Justicia de Argentina ordenó el bloqueo de todos los dominios asociados a este servicio ilegal de televisión por internet. Además, solicitó a Google la inhabilitación de la aplicación en dispositivos Android.
La acción judicial en Argentina refuerza la tendencia de medidas más estrictas contra la piratería digital en América Latina, donde las plataformas ilegales han proliferado en los últimos años, afectando a la industria audiovisual y poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.
Con esta sentencia, Colombia se suma a la lista de países que han tomado medidas contundentes contra la distribución ilegal de contenido audiovisual. El bloqueo de Magis TV y la sanción impuesta a su distribuidor marcan un precedente importante para futuras acciones legales contra otros servicios que operan al margen de la ley.
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