Las políticas públicas mitigan el impacto de la crisis y, sin ellas, la pobreza en infancia podría haber alcanzado al 60,4% de niños, niñas y adolescentes en julio de 2020, según estimaciones de CIPPEC. En este contexto de creciente infantilización de la pobreza, y ante la profundización de vulnerabilidades en el difícil escenario de la pandemia, es imperativo asegurar la continuación y el fortalecimiento de estas políticas con recursos del Presupuesto nacional 2021 que ubiquen en el centro de la agenda de políticas públicas del Estado el acceso a derechos básicos como la alimentación y la salud de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la normativa nacional y en línea con las recomendaciones de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado nacional debe asignar prioritariamente los recursos adecuados para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, que deben ser intangibles y no pueden sufrir regresividad según los artículos 5 y 72 de la Ley 26.061. Es decir, las partidas para las infancias y adolescencias deben ser privilegiadas en el presupuesto; no pueden reasignarse a otro fin y no puede ser inferiores al presupuesto del año anterior.

Según los últimos datos difundidos por el INDEC, el 56,3% de niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años (es decir, 6,2 millones de chicas y chicos) vive en situación de pobreza en nuestro país. De ellos, un 15,6% (1.717.940 niñas, niños y adolescentes menores de 15 años) crece en situación de indigencia; es decir, sus familias no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria. En tanto, UNICEF Argentina estima que, para fines de 2020, al menos 6 de cada 10 niñas y niños vivirán en la pobreza.

El proyecto de Presupuesto 2021, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, presentó un avance desde la perspectiva de los derechos de las infancias al identificar especialmente asignaciones y metas dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, y aunque es mayor la participación del gasto en NNyA en el presupuesto 2021 respecto del vigente este año, se prevé una reducción significativa en las asignaciones monetarias, una importante reducción en los programas alimentarios y, en general, una caída de 2.7% de los programas destinados a la niñez, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La AUH: una herramienta clave que es necesario reforzar

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una herramienta estatal clave para garantizar el acceso mínimo a los derechos sociales de la niñez. Sin embargo, cuestiones de diseño e implementación resultan inequitativas y limitan su impacto. En este sentido, aunque creemos que la incorporación de 723.000 niñas, niños y adolescentes anunciada por el Poder Ejecutivo es un avance muy importante, todavía restan resolver algunas cuestiones centrales.

Según el análisis de ACIJ, el Presupuesto 2021 prevé un monto de $242.150.190.886 para el subprograma de Asignación Universal para la Protección Social, lo que significa una caída del 7% en valores reales para AUH, asignaciones por embarazo y asignaciones escolares en relación con el presupuesto vigente en 2020. Es imprescindible que el Presupuesto 2021 cuente con los recursos necesarios en este programa que permitan la incorporación del importante número niñas, niños y adolescentes sin que ello signifique una pérdida del valor de la asignación.

Una disminución en la prestación limitaría aún más el impacto de la AUH, que en agosto fue de $2.634,40 por mes y solo cubría un 17,90% de la Canasta Básica Total y un 43,31% de la Canasta Básica Alimentaria. Esta insuficiencia se ve agravada por la disminución en programas como la Tarjeta Alimentar, que sufriría una caída de casi el 36% en términos reales, de acuerdo con el trabajo realizado por ACIJ. Por otra parte, y si bien se buscará ampliar significativamente la cobertura, UNICEF y CIPPEC estiman que, previo al anuncio, 1,2 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban fuera del sistema, por lo que se requerirán mayores esfuerzos para alcanzar la universalidad real.

En el marco de la discusión del Presupuesto 2021 resulta clave y urgente reforzar recursos para garantizar el acceso a derechos básicos de niñas, niños y adolescentes: eliminar las desigualdades de las transferencias, repensar las condicionalidades y asegurar la suficiencia de una AUH que extienda su cobertura permitiría asegurar niveles mínimos de acceso a derechos.

Infancia en Deuda