La insólita defensa del juez de San Isidro denunciado por acoso sexual: “Ella coqueteaba”

La defensa del camarista de San Isidro Ernesto García Maañón, acusado de acosar sexualmente a su secretaria letrada, sostuvo que las dos investigaciones penales abiertas continúan bajo la figura de “averiguación de ilícito” y reclamó una pericia integral de los teléfonos para analizar los intercambios entre el magistrado y la denunciante.

En una conversación con este medio, los abogados del juez, Tomás Briganti y Nicolás Grimaldi, cuestionaron el avance de las actuaciones por la denuncia de acoso sexual, amenazas con un arma y el presunto hurto de bienes del tribunal. Afirmaron que García Maañón no fue citado a declaración indagatoria y que la fiscalía, a cargo de José Amallo, todavía no definió qué delito le atribuye en cada expediente.

El planteo de la defensa contrasta con la investigación que derivó en el apartamiento preventivo del ex presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro. El 26 de agosto, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que encabeza el presidente de la Suprema Corte provincial, Sergio Torres, resolvió separarlo de su cargo mientras avanza el proceso que podría derivar en un juicio político. El viernes pasado, la víctima fue notificada que fue aceptada como acusadora en el jury.

La denunciante, funcionaria del tribunal, lo acusó de acoso laboral y sexual. También relató un episodio en el que, según su presentación, el juez le habría acercado el caño de una pistola al rostro.

Los abogados negaron que el camarista hubiera usado un arma para intimidar a la empleada. “No existe una causa de acoso ni de abuso todavía”, afirmó uno de los letrados durante la entrevista, al sostener que el expediente no fue caratulado así. “Hace 14 meses que la causa está caratulada como ‘averiguación de ilícito’”, remarcaron.

Según la defensa, la fiscalía reunió testimonios sobre el trato laboral de García Maañón, su experiencia en el uso de armas y sus antecedentes como tirador, pero no incorporó elementos que acrediten un hecho puntual. Los representantes del juez interpretan que esas declaraciones buscan construir un “perfil” del acusado para el proceso ante el jury.

También plantearon que la ausencia de una calificación concreta afecta el derecho de defensa. “No sabemos todavía de qué nos estamos defendiendo”, señalaron. La fiscalía deberá definir si impulsa una imputación formal y qué medidas de prueba considera necesarias para determinar la existencia de un delito.

El reclamo para preservar la evidencia digital

Uno de los principales puntos de la estrategia de la defensa se centra en los mensajes aportados por la denunciante. Se trata de 154 audios con sus transcripciones correspondientes. Los abogados dijeron que las capturas incorporadas al expediente serían parciales y solicitaron que se realice una extracción forense de los teléfonos mediante el sistema UFED, una herramienta utilizada para recuperar y analizar información digital. Fuentes de la fiscalía, sin embargo, aseguraron que la pericia está prevista.

En ese sentido, afirmaron que buscan determinar si hubo mensajes eliminados o fragmentos fuera de contexto. También aseguraron contar con intercambios y audios que, a su criterio, mostrarían una relación de confianza y un tono de coqueteo. “El chat es un recorte parcial. No muestran toda la parte en donde ella le coquetea”, aseguraron.

La defensa también remarcó, en ese punto, que la denunciante no entregó su teléfono para una pericia completa. “Hay llamadas de ella a él a las once de la noche. Si se siente acosada, ¿por qué ella lo llama en ese horario?”, agregaron y sostuvieron que la denuncia apareció cuando “el juez intentó ponerle un freno porque había comenzado a adjudicarse funciones que no le correspondían”. “Quería manejar la Cámara, en ese momento, él quiso sacarla sin que tuviera una mancha interna y consultó en un chat grupal de WhatsApp. El otro camino era hacerle un sumario. Cuando ella se enteró, lo denunció”, afirmó.

Entre el material mencionado por los abogados figura un audio atribuido a la denunciante, en el que propone una cena y dice que invitará ella “como la macha alfa que soy”. Para los letrados, ese mensaje, que aún no fue presentado en el expediente, contradice la hipótesis de un acoso persistente. La valoración de ese contenido, su autenticidad y su contexto corresponderán a la investigación judicial.

En tanto, el abogado de la víctima, Juan Saucedo, aseguró que el celular de la víctima “está resguardado”. “Ella no borró nada porque es el mejor elemento de prueba que tiene. En cambio, él sí borró conversaciones”, indicó y adelantó que presentará el aparato para una extracción forense a mediados de octubre, cuando termine la licencia de su representada.

Saucedo explicó que la funcionaria tiene custodia policial en su casa y que “tiene miedo”.

Por otro lado, indicó que existen testimonios que abonan la acusación y el maltrato laboral. Al mismo tiempo, reveló que hay otras dos mujeres que, en un sumario administrativo, aseguraron haber sido víctimas de acoso.

“Ella le puso el límite como pudo, no hubo histeriqueo ni coqueteo. Hasta cambió su forma de vestir para que no la molestara.” Sobre las llamadas fuera del horario laboral al imputado, argumentó que se hacían “por pedido de él” y que eran por temas del trabajo.

El celular de García Maañón nunca fue secuestrado, aunque Saucedo solicitó esa medida al fiscal del caso José Amallo.

Las armas y la denuncia por el retiro de bienes

Los representantes de García Maañón también rechazaron que el hallazgo de armas en su vivienda permita inferir una conducta delictiva. Señalaron que el juez tenía autorización para portar armas, era instructor y campeón de tiro y que las puso a disposición de la Justicia de forma voluntaria.

El allanamiento en la casa del magistrado se produjo después de la ampliación de la denuncia, la policía secuestró armas que estaban guardadas en una caja fuerte.

Sobre la segunda investigación, vinculada con el presunto retiro de una bandera y muebles de una oficina judicial, la defensa dijo que presentará comprobantes para acreditar que esos bienes pertenecían a García Maañón. Además, solicitó una pericia sobre la bandera que el juez habría donado a un destacamento policial, para demostrar que no se trataba de una de las banderas que la Corte coloca en los despachos de los jueces.

Los abogados vincularon ambas causas con conflictos laborales e institucionales dentro de la Justicia de San Isidro y sostuvieron que buscan impedir que el camarista deje su cargo sin sanciones. Esas afirmaciones forman parte de la posición de la defensa y no surgen, por el momento, de una resolución judicial.