Condenaron a un exsargento del Ejército a dos años y medio por abusar de dos soldadas bajo su mando

Condenaron al exsargento, Héctor Lorenzo Anderson, a dos años y seis meses de prisión en suspenso por abusar sexualmente de dos soldadas voluntarias. Los hechos ocurrieron cuando se desempeñaba como superior de ambas en un cuartel de Azul durante 2022, cuando se desempeñaba como superior de ambas.

Además, el Tribunal Oral Federal en Mar del Plata fijó una reparación económica de cinco millones de pesos para cada una de las víctimas, destinada a compensar el daño sufrido. La sentencia también impuso al condenado una prohibición de contacto con las damnificadas por cualquier vía y la obligación de mantenerse a más de 500 metros de ellas y de sus familiares.

La decisión fue adoptada por los jueces Roberto Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini. Durante el debate intervino el fiscal general subrogante Carlos Fioriti, quien había solicitado una pena de tres años de prisión y reclamado que el análisis del caso incorporara perspectiva de género.

Por otro lado, la sentencia dispuso que Andersen se incorpore al programa Dispositivo Masculinidades, desarrollado por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Azul junto con el Patronato de Liberados. La medida busca que el condenado participe de una instancia específica de abordaje sobre violencias por motivos de género.

La condena será de ejecución condicional, por lo que no irá a prisión si cumple las reglas fijadas por el tribunal y no comete nuevos delitos durante el plazo establecido. Los fundamentos completos del veredicto serán difundidos el próximo 2 de octubre.

El debate oral se inició con tres denuncias contra Andersen. Sin embargo, el tribunal solo pudo resolver sobre dos de los hechos, ya que la tercera denunciante no asistió. Como su declaración realizada en la etapa de investigación no fue incorporada por lectura, la acusación no pudo continuar respecto de ese episodio y el tribunal absolvió a Andersen por ese hecho.

El relato de las víctimas

La primera víctima ingresó al Ejército en agosto de 2022 y fue destinada al puesto de mantenimiento del cuartel de Azul, integrado por el escuadrón, el comando y el servicio. Andersen era el responsable de ese sector y aprovechó su posición jerárquica para realizar tocamientos no consentidos hasta el 1 de diciembre de ese año.

La joven denunció que su superior buscaba generar un trato de confianza y le pedía abrazos y besos cerca de la boca. También declaró que le hacía masajes en los hombros sin su consentimiento y le decía que se relajara porque estaba “re tensa”. A eso se sumaban preguntas sobre su vida privada y comentarios de contenido sexual.

Cuando la mujer rechazaba esos acercamientos, según expuso la acusación, Andersen reaccionaba con enojo y amenazaba con darle la baja. La denuncia también incluyó mensajes y hostigamientos por WhatsApp y redes sociales. El caso fue presentado inicialmente ante la Comisaría de la Mujer de Azul y luego pasó a la justicia federal, después de que se definiera la competencia.

La investigación derivó en nuevas denuncias de otras soldadas. Una de ellas sostuvo que padeció conductas similares entre octubre y fines de noviembre de 2022, mientras también trabajaba en el puesto de mantenimiento. En su testimonio describió pedidos de besos, abrazos forzados, tocamientos y masajes no consentidos.

La segunda víctima relató que Andersen cerraba la puerta de la oficina cuando ella llegaba por la mañana y la presionaba para que aceptara los abrazos. También afirmó que el exsargento exigía besos cerca de la boca y no la soltaba hasta obtenerlos. Tras conocerse la primera denuncia, dijo, el acusado le advirtió que no lo “traicionara”.

Solicitan protocolos de asistencia para damnificadas

A pedido de la fiscalía, el Tribunal Oral Federal exhortó al Ejército Argentino y al Ministerio de Defensa a implementar medidas administrativas, disciplinarias y preventivas frente a denuncias por delitos contra la integridad sexual que involucren a integrantes de las Fuerzas Armadas.

El pronunciamiento plantea la necesidad de crear o reforzar protocolos que aseguren acompañamiento a las víctimas tanto en el ámbito administrativo como en las actuaciones judiciales. Esos mecanismos deberán contemplar asistencia psicológica, confidencialidad, apoyo interdisciplinario y un registro ordenado de denuncias y testimonios.

Los jueces también requirieron que las instituciones sistematicen la información estadística para que pueda utilizarse como herramienta de monitoreo y prevención. El exhorto apunta a que las denuncias de violencia sexual dentro de las Fuerzas Armadas cuenten con respuestas institucionales específicas.

Durante su alegato, Fioriti sostuvo que la valoración de los hechos debía realizarse con perspectiva de género y sin reproducir prejuicios sobre el comportamiento esperado de una víctima. Remarcó que las dos damnificadas tuvieron dificultades para poner en palabras los tocamientos y las intenciones sexuales atribuidas al imputado.

El tribunal tendrá hasta el 2 de octubre para dar a conocer los argumentos jurídicos que sostienen la condena y las medidas ordenadas contra Andersen.