Investigan a una expartera de 88 años por la identidad de una mujer registrada en 1970 en Rosario

Una partida de nacimiento fechada en enero de 1970 quedó bajo la lupa de la Justicia federal de Rosario. La fiscal federal Soledad García formalizó una investigación contra una expartera de 88 años, acusada de suprimir y alterar la identidad de una niña mediante la presunta confección de un certificado con datos falsos sobre su filiación.

La investigación se originó en la presunta confección de un certificado de nacimiento con datos falsos mientras la imputada trabajaba en el área de maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña.

La fiscalía también analiza otras denuncias de personas que sostienen que su identidad fue suprimida. Entre ellas, hay una que fue criada como hija de la acusada y sobre la cual la Justicia ordenó una extracción de ADN para determinar si existe un vínculo biológico.

La audiencia se realizó el miércoles pasado ante el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, quien rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa y dio por formalizada la investigación.

El ADN que abrió la causa

El expediente comenzó con la denuncia de C.E.M.Q., una mujer que durante años sospechó que la historia consignada en su partida de nacimiento no coincidía con su origen. En 2012, pidió un estudio genético a A.T.B., la mujer registrada como su madre.

El resultado descartó el vínculo biológico con una probabilidad de 0,0%. La partida, confeccionada el 9 de enero de 1970, afirmaba que la niña había nacido en el hospital municipal y que E.A.Q. y A.T.B. eran sus progenitores. Ambos murieron antes de que se iniciara la investigación.

Según el planteo fiscal, la entonces partera certificó ese nacimiento y asentó una filiación que no se correspondía con la realidad. La acusación sostiene que el documento público fue usado para inscribir a la beba como C.E.M.Q. en el Registro Civil.

La denunciante relató que su madre de crianza, antes de morir, le confesó que su nacimiento habría ocurrido cerca del 27 de diciembre de 1969. También le habría dicho que una joven, imposibilitada de asumir la crianza, entregó a la niña y que quienes la recibieron pagaron dinero y un pasaje hacia una zona rural de Mar del Plata.

Cinco denuncias bajo análisis

Durante la audiencia, García afirmó que el caso individual forma parte de una investigación de mayor alcance. “De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.

La fiscalía analiza al menos cinco denuncias de personas que aseguran tener su identidad suprimida. Los hechos bajo análisis habrían ocurrido mientras la acusada trabajaba en la maternidad del hospital rosarino.

García consideró que la maniobra atribuida a la expartera no puede reducirse a un incumplimiento administrativo. La utilización de una certificación oficial para establecer una filiación falsa, señaló, habría dejado efectos jurídicos que persisten mientras las víctimas no logren reconstruir su identidad de origen.

La investigación encuadró provisoriamente los hechos en los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de un menor de diez años, previstos en el artículo 139 del Código Penal, y falsedad ideológica de instrumento público, contemplada en el artículo 293.

El juez rechazó la prescripción y ordenó medidas

La defensa pidió que se declare prescripta la acción penal, pero Rodrigues Da Cruz rechazó el planteo. El magistrado consideró que se investiga un delito continuado, cuyos efectos se mantienen mientras no se establezca la identidad de las personas afectadas.

En la misma resolución, el juez autorizó la extracción compulsiva de ADN de la imputada, una medida solicitada por la fiscalía en el marco de la pesquisa sobre D.E.V., criada como hija de la acusada. Sostuvo que la diligencia no vulnera sus garantías ni implica obligarla a declarar contra sí misma, y citó criterios de la Corte Suprema sobre el derecho de las víctimas a conocer su identidad.

Además, dispuso medidas cautelares no privativas de la libertad. La mujer deberá presentarse cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, entregar su pasaporte, no salir del país, abstenerse de contactar a las víctimas e informar cualquier cambio de domicilio.