
El proyecto petrolero Sea Lion, que busca convertirse en el primero en producir crudo en las aguas argentinas que rodean las Islas Malvinas, es impulsado por dos compañías: la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. El yacimiento se encuentra a 450 metros de profundidad en el océano Atlántico sur, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, y fue descubierto en mayo de 2010 por Rockhopper.
El Gobierno argentino rechazó con contundencia la iniciativa y sostiene que los permisos otorgados para su desarrollo fueron concedidos de forma ilegal y unilateral. Ese rechazo se expresó este martes en una demanda judicial presentada en Argentina por abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de Malvinas de 1982. La presentación cuestiona tanto la legalidad de los permisos como los eventuales impactos ambientales de la explotación petrolera en la región.
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Ante este escenario, resulta oportuno conocer quiénes están detrás del proyecto petrolero en las Malvinas. En otras palabras, cuál es el pasado y presente de la firma israelí y la británica.
Navitas Petroleum, con múltiples proyectos simultáneos
Navitas Petroleum es una sociedad que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv. Su sede central se encuentra en Herzliya, Israel, y la compañía opera además desde oficinas en Houston, Estados Unidos, y Londres, Reino Unido.
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La empresa ingresó al proyecto Sea Lion a principios de 2020, cuando adquirió una participación del 30 por ciento. Con el correr del tiempo, Navitas pasó a ser la operadora del proyecto y actualmente posee el 65 por ciento de la participación, mientras que el 35 por ciento restante corresponde a Rockhopper. En diciembre de 2025 ambas compañías anunciaron la decisión de inversión definitiva para avanzar con la explotación.

Sea Lion no es el único proyecto en el que participa Navitas Petroleum. La empresa desarrolla, entre otras, las iniciativas Shenandoah y Buckskin, ambas ubicadas en el Golfo de México.
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Shenandoah es un yacimiento de petróleo y gas que comenzó a producir en julio de 2025. La participación del 49 por ciento que tiene allí Navitas fue adquirida en una serie de transacciones realizadas en 2018 y 2019, luego de que los propietarios anteriores hubieran invertido más de 1.800 millones de dólares en actividades de exploración y evaluación. El yacimiento produce actualmente 120.000 barriles de petróleo por día.
Buckskin, por su parte, es un yacimiento de petróleo y gas que inició su producción en 2019. Su desarrollo aprovecha infraestructura existente, ya que está conectado a la plataforma Lucius Spar, de la empresa Oxy. La producción de Buckskin superó las expectativas iniciales: dos de sus pozos originales figuraron entre los diez de mayor producción del Golfo de México en 2021 y 2022. A partir de 2026, la asociación que explota el yacimiento logró poner en producción cuatro pozos y continúa con un plan de desarrollo a largo plazo para explotar el resto de las reservas identificadas.
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Además de estos proyectos, Navitas Petroleum cuenta con desarrollos en Texas, Estados Unidos, entre los que se encuentran Neches y Denburty Onshore. En 2025, el EBITDA de la compañía fue de 262 millones de dólares, según informó la propia empresa.
Rockhopper Exploration, pionera en la zona
Rockhopper Exploration opera en las Islas Malvinas desde 2004 y cotiza en la Bolsa de Londres. Su actividad principal corresponde al archipiélago, aunque no se limita a Sea Lion: la empresa también desarrolla proyectos en la cuenca norte de las islas y en las cuencas sur y este.
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En la cuenca norte, la actividad de exploración y evaluación de Rockhopper se concentró en las licencias PL032 y PL004, que contienen los complejos de abanicos Sea Lion e Isobel-Elaine. Este último es considerado un potencial desarrollo para una tercera fase del proyecto.

En la cuenca sur y este, Rockhopper adquirió, mediante la compra de la empresa Falkland Oil and Gas Limited (FOGL), una participación del 52% en terrenos operados por Noble Energy. Tras los resultados del pozo Humpback, Noble Energy y Edison notificaron su retirada de esos terrenos. Como consecuencia, durante 2017 Rockhopper se convirtió en operadora de esas áreas con una participación del 100 por ciento. No obstante, la empresa aclaró que “no existen compromisos financieros ni operativos pendientes vinculados a sus intereses en esa zona”.
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Una parte de la actividad de Rockhopper se desarrolla también en Italia, en torno al proyecto Ombrina Mare. En 2016, la empresa no obtuvo la concesión de producción para ese yacimiento petrolero. A raíz de esa decisión, Rockhopper llevó a la República Italiana a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En agosto de 2022, el tribunal arbitral del Ciadi determinó por unanimidad que Italia había incumplido sus obligaciones en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía, y otorgó a Rockhopper una compensación de 190 millones de euros más intereses. Italia solicitó la anulación de ese laudo a fines de octubre de 2022, y la anulación se concretó en junio de 2025. En agosto de ese año, Rockhopper recibió 31 millones de euros en concepto de cobro de un seguro relacionado con esa anulación. En octubre de 2024, la compañía había firmado un acuerdo de compraventa para la venta de sus activos italianos, con excepción de los reclamos vinculados a Ombrina Mare.
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Cómo avanza Sea Lion y la postura del Gobierno
El desarrollo de Sea Lion está organizado en fases. La primera etapa se concentrará en el Área de Desarrollo Norte, donde se prevé la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO. La segunda fase en esa misma área comenzará tres años después de la primera extracción de petróleo, con la perforación de otros 12 pozos submarinos.

Posteriormente se avanzará sobre el Área de Desarrollo Central, con la perforación de 20 pozos en una primera fase y el objetivo de extraer el primer barril hacia fines de 2030. Luego se iniciará una segunda fase en esa área, con la perforación de 18 pozos adicionales.
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La unidad FPSO que se utilizará en la primera fase se llama Aoka Mizu y este mes llegará a un astillero del sudeste asiático para su modernización, antes de ser enviada a Malvinas. A eso se suma que, el 17 de agosto, Navitas ejerció una opción de compra por 125 millones de dólares del buque OSX1, que funcionará como la segunda unidad FPSO del proyecto.
Mientras tanto, en las islas avanzan los trabajos de preparación del muelle y la base costera que dará servicio al proyecto, además de la construcción de alojamientos para los trabajadores y otras obras de infraestructura. La plataforma que comenzará a perforar llegará a la zona a principios de 2027.
La respuesta del Gobierno
En paralelo, el presidente Javier Milei adelantó en cadena nacional que tomará medidas para evitar el avance de la iniciativa. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen en nuestro mar”, declaró.
“Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”, agregó el mandatario nacional.
Y continuó: “Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina. Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente, y demanda una repuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”.

Milei anticipó un decreto para acelerar las sanciones contra las compañías que participen de proyectos hidrocarburíferos en las islas Malvinas sin autorización argentina. La medida incluirá mejores mecanismos para detectar a las firmas involucradas y a sus accionistas, directivos y proveedores. Además, el Gobierno buscará impedir que esas empresas mantengan operaciones comerciales en el país.
El Presidente también anunció un decreto de necesidad y urgencia para ampliar el presupuesto del Ministerio de Defensa. Los recursos se orientarán a la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y a la mejora de las telecomunicaciones, con el objetivo oficial de fortalecer la presencia logística argentina en el Atlántico sur.
A la vez, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para endurecer el régimen de penalidades y extenderlo a los proveedores de las compañías alcanzadas. La propuesta prevé impedir que los infractores contraten con organismos públicos o empresas privadas argentinas, habilitar el juicio en ausencia cuando corresponda y ampliar las restricciones a otras actividades vinculadas con recursos naturales en las islas.
La iniciativa contempla, además, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. El organismo coordinaría políticas entre las áreas de Relaciones Exteriores, Defensa, Inteligencia y Economía, con atribuciones para proteger infraestructura crítica y reforzar la vigilancia de los espacios aéreo, marítimo y espacial. El Gobierno pretende que el Consejo cuente con instrumentos económicos y diplomáticos para actuar frente a actores que considere una amenaza para la seguridad nacional.
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