
Más de cuatro años después del ataque a tiros dentro de un gimnasio de Puerto Madryn, la Justicia volvió a poner el foco sobre Marco Antonio “el Karateca” Álvarez. La Cámara Penal confirmó la condena a 12 años de prisión por el asesinato de Fabián Acuña. Tras la resolución que se dio a conocer esta semana, la Fiscalía pidió su detención y ahora pesa sobre el acusado un pedido de captura.
En 2023, un tribunal oral había condenado a Álvarez a 17 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Más tarde, la Cámara Penal revocó esa sentencia y lo absolvió. La Fiscalía recurrió esa decisión y el Superior Tribunal de Justicia de Chubut entendió que el análisis de la prueba debía revisarse otra vez. Ese nuevo examen derivó en la condena a 12 años que ahora reactivó su búsqueda.
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El caso se remonta al 18 de enero de 2021. Esa noche, Fabián Acuña, de 54 años, estaba en el Tupac Gym, en Puerto Madryn, cuando un hombre entró al lugar con el rostro cubierto, guantes y un arma de fuego. Según la reconstrucción de la investigación, no hubo una discusión previa ni una secuencia larga dentro del local. El atacante ingresó y a sangre fría, disparó cinco veces. Los tiros impactaron directamente en Acuña, quien falleció al poco tiempo. El hombre huyó casi de inmediato del lugar y escapó en una motocicleta.

La acusación construyó su hipótesis a partir de varios indicios que, según sostuvo la Fiscalía, encajaban entre sí. Las cámaras de seguridad permitieron observar a un hombre con casco, lentes, guantes, campera y ropa deportiva. La contextura física, el modo de desplazarse y un detalle puntual de la vestimenta empezaron a orientar la pesquisa.
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Uno de esos elementos fue un pantalón deportivo con letras orientales, que apareció en las filmaciones y que después fue vinculado con Álvarez. La investigación también incorporó imágenes de redes sociales en las que el acusado aparecía con prendas similares. A eso se sumaron testimonios, peritajes sobre dispositivos electrónicos y análisis de telefonía para reconstruir movimientos antes y después del homicidio.

A medida que avanzó la pesquisa, los investigadores intentaron establecer no sólo quién había disparado, sino también cómo había sido preparado el ataque. En esa reconstrucción, cobraron peso los movimientos previos del sospechoso, el análisis de su celular y la hipótesis de que el autor tomó recaudos para evitar ser reconocido, con el rostro cubierto y elementos que dificultaran su identificación en las cámaras.
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Con el avance del expediente, investigaron el vínculo previo entre ambos. Según la causa, Álvarez había sido profesor de jiu-jitsu en el gimnasio de la víctima y mantenía con Acuña una relación atravesada por conflictos. La Fiscalía incorporó como dato central una deuda de 250.000 pesos vinculada con la venta de una camioneta.
Los testimonios y documentación analizada en el juicio señalaron que ese reclamo económico había generado un fuerte resentimiento. Ese trasfondo permitió a la acusación sostener un móvil para el crimen. La hipótesis fue que el asesinato no respondió a una reacción espontánea, sino a una decisión previa, apoyada en un conflicto que venía de tiempo atrás.
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La nueva condena reactivó de inmediato la búsqueda del acusado. Apenas se conoció el fallo, el fiscal Alex Williams pidió la detención de Álvarez y la Policía provincial quedó a cargo de localizarlo. En una audiencia realizada a comienzos de agosto, Álvarez dijo que vivía en Comodoro Rivadavia y aportó un domicilio en esa ciudad. Después de la confirmación de la condena, la búsqueda se concentró también allí, con intervención de la policía local en coordinación con los investigadores de Puerto Madryn.
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