Condenaron a prisión a dos personas de una familia por vender drogas en Salta

La investigación comenzó luego de una serie de denuncias anónimas, que derivaron en un allanamiento que permitió secuestrar más de 300 dosis de pasta base de cocaína en el barrio Norte Grande de la capital provincial

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La justicia salteña condenó a dos integrantes de una familia por la venta de drogas en una casa del barrio Norte Grande de la ciudad capital de la provincia
La justicia salteña condenó a dos integrantes de una familia por la venta de drogas en una casa del barrio Norte Grande de la ciudad capital de la provincia

La condena a Adriana Mabel Martínez y Abel Ángel Martínez, integrantes de una misma familia por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización marca un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Salta.

La investigación, iniciada por denuncias anónimas, permitió a las autoridades reunir pruebas contundentes sobre la actividad ilícita que ambos desarrollaban en una vivienda del barrio Norte Grande. Entre los elementos más relevantes, se encuentran el secuestro de más de 300 dosis de pasta base de cocaína, dinero en efectivo y elementos asociados a la venta de drogas, derivó en penas de prisión efectiva para los involucrados.

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Durante la audiencia de medidas alternativas de solución de conflictos, el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal y expuso los resultados de la pesquisa.

Adriana Mabel Martínez fue condenada en juicio abreviado a cuatro años de prisión efectiva, mientras que el hombre recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva. Además, se declaró la reincidencia de Abel Ángel Martínez por tercera vez. Con estos elementos, la jueza Claudia Puertas homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, validando así el procedimiento judicial.

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Las presentaciones alertaban sobre la venta de estupefacientes en una vivienda del barrio Norte Grande, lo que llevó a la intervención de la UFINAR, con el apoyo del Grupo de Drogas del Sector 6 de la Policía de la Provincia. El fiscal Torres Rubelt ordenó entonces el despliegue de medidas investigativas, que incluyeron tareas de vigilancia, entrevistas y registros fotográficos y fílmicos.

Las acciones de inteligencia permitieron documentar reiteradas maniobras de comercialización de drogas en las inmediaciones del domicilio investigado. Los registros realizados mostraron el intercambio de dinero por envoltorios, una mecánica habitual en la venta de estupefacientes según las autoridades. La Policía demoró a compradores habituales, quienes portaban envoltorios con pasta base de cocaína, lo que contribuyó a fortalecer la hipótesis de venta directa desde la vivienda señalada.

El trabajo de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Policía provincial en forma conjunta resultó clave para la causa
El trabajo de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Policía provincial en forma conjunta resultó clave para la causa

En una primera instancia, un allanamiento fue previsto para el 18 de marzo. Sin embargo, la difusión de procedimientos policiales en redes sociales y grupos de WhatsApp del barrio alertó a los sospechosos, quienes cesaron temporalmente la actividad ilícita y abandonaron el inmueble. La reacción motivó a los investigadores a reforzar la vigilancia y a trabajar en la obtención de pruebas adicionales antes de intervenir nuevamente.

El 29 de marzo, tras reunir nuevos elementos de convicción, la UFINAR solicitó y obtuvo una nueva orden de allanamiento. Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar envoltorios con pasta base de cocaína ocultos en un inodoro y en un alhajero, además de 180 mil pesos en efectivo y elementos de interés para la causa.

El narcotest realizado en el laboratorio confirmó que la sustancia incautada correspondía a más de 300 dosis de pasta base de cocaína. Este resultado fue clave para consolidar la acusación formal contra Adriana Mabel Martínez y Abel Ángel Martínez, quienes fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

El caso evidencia la importancia de la participación ciudadana en la denuncia de hechos vinculados al narcotráfico y la necesidad de una respuesta coordinada por parte de las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal en la provincia de Salta.

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