
La muerte de Thiago Altamirano, un niño de dos años en la ciudad de Salta, derivó en la detención inmediata de su madre, María del Milagro Cuéllar Medina, y de la pareja de ella, Franco Nicolás Funes, tras la llegada del menor al hospital con lesiones que despertaron la sospecha de los profesionales médicos. Aunque al principio relataron que el menor sufrió una caída de la cama, desde un primer momento la Justicia consideró que el cuadro era incompatible con un accidente doméstico.
Meses antes del fatal episodio, ya existían había denuncias previas donde se ordenó la protección para Thiago y su hermano, las cuales resultaron insuficientes. El caso pone en foco la eficacia de las medidas judiciales previas y el rol de las instituciones en la vigilancia de situaciones de vulnerabilidad.
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En las últimas horas, la causa sumó nuevos elementos a partir de los resultados de la autopsia, los estudios forenses y las declaraciones de testigos clave. La autopsia confirmó que el fallecimiento se produjo por asfixia mecánica provocada, lo que descartó la versión inicial expuesta por los imputados. Este dato central orientó la investigación hacia la hipótesis de un homicidio.
“No hay ninguna lesión que avale la versión del imputado”, describió el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, en diálogo con El Tribuno. Esto fue determinante para imputar a Franco Nicolás Funes, pareja de la madre y principal acusado por homicidio agravado por alevosía, al atribuirle la muerte del niño mediante maniobras de asfixia.
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Declararon la propietaria del inquilinato y vecinos del lugar, testimonios que permitieron “avanzar en la imputación”, según el fiscal. Uno de los puntos más relevantes de la investigación radica en determinar si la madre conocía los riesgos a los que estaban sometidos sus hijos. Los testigos advirtieron que: “los niños le tenían miedo” a Funes, y esa situación habría sido advertida a la madre.
“Han corroborado que la madre dejaba a los niños al cuidado de otra persona cuando salía”, señaló el fiscal Espilocín. El fiscal aclaró que la imputación a la madre no se basa en prejuicios sobre el ejercicio de la maternidad, sino en su responsabilidad como adulta a cargo de personas vulnerables. La investigación busca determinar si la madre conocía el temor que sus hijos manifestaban hacia Funes y si esta omisión podría justificar una eventual condena.
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Varias declaraciones aportaron que la madre se ausentaba, delegando el cuidado de los menores en Funes, y que existía un acompañamiento de la Secretaría de Primera Infancia y Niñez debido a la situación de vulnerabilidad. El expediente judicial reveló que la jueza María Carolina Cáceres Moreno había ordenado medidas de protección para Thiago y su hermano, luego de la denuncia del abuelo paterno.

El fiscal Espilocín se refirió también a la naturaleza del vínculo entre Funes y Cuéllar Medina. Aunque el imputado aseguró que mantenía solo una relación ocasional con la madre de Thiago, los testimonios reunidos en la causa lo desmienten. Vecinos y la propietaria del inquilinato afirmaron que Funes concurría habitualmente al domicilio, solía quedarse a dormir y también aportaba dinero para el hogar, lo que demuestra una presencia constante.
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El expediente también incluye los aportes de los médicos que atendieron a Thiago en el Hospital Papa Francisco. Una de las doctoras que intervino subrayó que el cuadro clínico no era compatible con una caída de la cama, como alegaron los imputados. El menor ingresó al hospital en estado crítico y fue derivado al Hospital Materno Infantil, donde se confirmó su fallecimiento por asfixia.
Todavía quedan estudios por realizar, como el cotejo genético de muestras tomadas al imputado, lo que podría aportar claridad sobre la mecánica del hecho y la responsabilidad de los acusados. Pese a estos elementos pendientes, hay una hipótesis que tiene más fuerza: a pesar de que la madre sabía la situación por la que atravesaban sus hijos, no hizo nada para detenerlo.
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