Desarticularon una red clandestina que distribuía cigarrillos falsos en San Luis y hay 5 imputados

La Fiscalía Federal de Gualeguaychú desarticuló una organización que producía y distribuía cigarrillos apócrifos en cinco provincias, en una causa que detectó una planta clandestina con capacidad para fabricar 700 millones de unidades al año y una maniobra que habría generado ganancias ilícitas por USD 32 millones.

En el operativo “MK8” se secuestraron: 54 toneladas de tabaco, alrededor de 14 millones de estampillas fiscales falsas y maquinaria industrial apta para sostener una producción masiva. Según informó el Ministerio Público Fiscal, también se realizaron 24 allanamientos simultáneos y fueron imputadas cinco personas, mientras continúan las medidas de prueba.

De acuerdo con la fiscalía, la estructura se dedicaba a la producción, distribución y comercialización de cigarrillos con marcas falsificadas, estampillas fiscales apócrifas y productos sin la registración tributaria exigida. Los representantes de la tabacalera de las dos marcas afectadas sostuvieron que se trata de la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos registrada en la historia de Argentina.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, encabezada por el fiscal federal subrogante Pedro Mariano Rebollo y el auxiliar fiscal Matías Emmanuel Silva. Las medidas solicitadas por ambos fueron autorizadas por el Juzgado Federal de la jurisdicción, a cargo de Hernán Viri.

La causa se inició en julio de 2024 a partir de información aportada por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina sobre la comercialización de cigarrillos presuntamente apócrifos en comercios de Gualeguaychú y otras localidades de Entre Ríos.

Ante la posibilidad de una red de distribución más amplia, el Ministerio Público Fiscal abrió actuaciones preliminares y encomendó tareas para identificar a los proveedores, los canales logísticos y el origen de la mercadería. El expediente investiga, además de la falsificación de marcas y la adulteración de estampillas fiscales, una posible evasión fiscal y maniobras de lavado de activos vinculadas con las ganancias obtenidas.

La investigación del caso

Las primeras medidas incluyeron vigilancias, compras controladas, análisis de documentación comercial y seguimientos sobre los circuitos de distribución. Con el avance de la pesquisa se sumaron intervenciones telefónicas, análisis de movimientos logísticos y relevamientos patrimoniales.

Para la fiscalía, esos elementos permitieron establecer vínculos comerciales permanentes entre los integrantes de la organización y reconstruir el recorrido de la mercadería desde su origen hasta los puntos de venta. También se detectaron envíos regulares hacia Entre Ríos y otras jurisdicciones, además de depósitos, galpones y centros de distribución usados para almacenar y redistribuir los productos.

Uno de los hallazgos centrales fue la identificación de una planta tabacalera en la ciudad de San Luis. Los investigadores llegaron hasta ese establecimiento después de varios meses de seguimiento del recorrido de la mercadería mediante remitos, observaciones directas y tareas de inteligencia desarrolladas también en San Juan y Mendoza.

Según el expediente, los cigarrillos se elaboraban en esa planta y desde allí se distribuían a distintos puntos del país mediante empresas transportistas y una red de distribuidores que abastecía a comercios minoristas. La investigación también detectó indicios de operaciones transfronterizas vinculadas con el ingreso y egreso de mercadería hacia países vecinos.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la fábrica funcionaba detrás de una estructura societaria aparentemente legítima. Las tareas de campo permitieron detectar “ruidos compatibles con el funcionamiento de maquinaria”, además de movimientos de transporte y otros indicios de una línea de producción activa.

Las vigilancias también registraron maniobras de carga y descarga de cajas compatibles con cartones de cigarrillos, entregas en comercios minoristas y movimientos logísticos coordinados entre distintos integrantes. En procedimientos encubiertos se constató la venta de esos productos sin exhibición al público y con cobros en efectivo, una modalidad que buscaba reducir la trazabilidad de las operaciones.