
Los movimientos bancarios millonarios de Maximiliano R., un monotributista de 47 años, registrado bajo el rubro de jardinería, encendieron las alarmas de la AFIP, actual ARCA. Sucede que, según las fuentes, los ingresos del investigado no se correspondían con el flujo de dinero que circulaba en sus cuentas.
Agentes de la agencia de recaudación, además, detectaron que el sospechoso es socio y gerente de la firma “San Jorge Liquidar SRL”, una financiera con sedes en San Vicente y Monte Grande, que realiza cambio de divisas y operaciones con criptomonedas sin estar habilitada por el Banco Central.
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La denuncia del organismo provocó la apertura de una causa en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, secretaría penal de Augusto Peloso y con intervención de la fiscal Cecilia Incardona.

La División Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, realizó análisis patrimoniales, seguimientos y vigilancias, y logró identificar una estructura económica presuntamente destinada a realizar operaciones cambiarias clandestinas y transacciones vinculadas con activos digitales, mediante la utilización de sociedades y personas interpuestas para otorgar apariencia de licitud a fondos de origen presuntamente ilícito.
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“Te ayudamos a llenar el carrito”
En la actualidad, Maximiliano R. reside en un country de Canning y aparece inscripto en la categoría de servicios para la práctica deportiva y, según revelaron las fuentes, tiene canchas de fútbol.
Su hijo de 20 años, Rodrigo R., es socio de la financiera que, sospechan, es parte de una estructura montada por una organización como fachada para lavar dinero.
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Pero no se esconden: por el contrario, se promocionan en redes sociales y ofrecen préstamos para comprar alimentos en supermercados, microondas y regalos de San Valentín. “Te ayudamos a llenar el carrito”, dice uno de los posteros de la cuenta de San Jorge Liquidar en Instagram. También ofrecen invertir en criptomonedas.

En la trama también está involucrado un contador, oriundo de Ezeiza e identificado como Gustavo P., quien llevaba la contaduría de las empresas vinculadas al “jardinero”.
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A raíz de las tareas investigativas, los detectives ejecutaron 10 allanamientos, y una orden de presentación, en el que se detuvo a los tres hombres involucrados en la estructura.
Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos Canning, Monte Grande, San Vicente y oficinas ubicadas en C.A.B.A., y alcanzó domicilios particulares, oficinas administrativas, locales comerciales y entidades bancarias vinculadas a la organización investigada.
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Como resultado de las medidas judiciales dispuestas, se logró el secuestro de más de $11.281.830, U$S 51.039, moneda extranjera adicional, 17 teléfonos celulares, 11 CPU, un notebook, dos máquinas contadoras de billetes, un DVR, un arma de fuego, y abundante documentación contable, fiscal y societaria de interés para la investigación.
Asimismo, se procedió al secuestro de diversos vehículos vinculados a la organización investigada, entre los que se destacan un AUDI Q5, el BMW X1 en el que se movilizaba el contador, un VW Polo y un cuatriciclo.
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Por último los agentes incautaron siete relojes de lujo, cuyo valor, por pieza, ronda entre los 2000 y 5000 dólares.

Durante la investigación, los detectives de la División Lavado de Activos establecieron que en noviembre de 2021, Gustavo P., contador del grupo al que ligan a Maximiliano R. y Rodrigo R., emitió una factura a nombre de empresas relacionadas con los hermanos brasileños Thiago y Wilson Cardoso de Oliveira, quienes fueron condenados, junto a otros miembros de la red con base en Nordelta, por lavado de activos con criptomonedas en favor del grupo narco Comando Vermelho.
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En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Diego Velasco determinó que la organización gestionó una suma de al menos 520.531.997 dólares, que en su mayoría fueron convertidos en criptomonedas.
Comando Vermelho
Cinco ciudadanos brasileños fueron condenados en octubre de 2025, por lavar dinero para el Comando Vermelho, organización narcocriminal vinculada a una masacre de Río de Janeiro y uno de los grupos narco más poderosos del continente. El fallo del Tribunal Oral Federal N° 7 impuso penas de tres años de prisión en suspenso y multas superiores a los 2.000 millones de pesos, además del decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos. Los acusados reconocieron su culpabilidad a través de un juicio abreviado y recuperaron su libertad tras la sentencia.
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La investigación, impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), reveló una red que operó entre 2015 y 2023 y logró blanquear al menos 520 millones de dólares, principalmente convirtiendo el dinero en criptomonedas. El grupo recibía fondos originados en actividades como narcotráfico y estafas, para luego canalizarlos a través de cuentas bancarias, inversiones en criptoactivos y la compra de bienes, con el uso de testaferros y operaciones simuladas.
Los líderes de la organización, Marcelo Clayton Alves De Sousa y Hang Wang, permanecen prófugos. Los cinco condenados desempeñaron roles ejecutivos en la estructura, gestionando activos, abriendo cuentas y realizando transferencias que facilitaron el lavado. Entre los bienes decomisados se encuentran vehículos, sumas de dinero en efectivo y fondos en billeteras virtuales.
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