Desde este 1 de junio de 2026, los productos colombianos ingresan nuevamente a Ecuador sin la denominada tasa por servicio aduanero por concepto de control aduanero, una medida que había sido aplicada desde febrero y que llegó a alcanzar el 100% sobre el valor de las mercancías. La eliminación fue oficializada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) mediante una resolución emitida el 31 de mayo, con vigencia inmediata desde el inicio de junio.
La decisión marca el cierre de una de las mayores tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia en los últimos años. El conflicto comenzó el 1 de febrero de 2026, cuando el Gobierno ecuatoriano implementó una tasa del 30% a las mercancías provenientes de Colombia, argumentando razones relacionadas con la seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico y otras actividades ilícitas que operan en la zona limítrofe.
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Posteriormente, la medida fue endurecida. A partir del 1 de marzo la tasa aumentó al 50% y desde el 1 de mayo alcanzó el 100%, convirtiéndose en uno de los principales puntos de fricción entre los gobiernos de Quito y Bogotá.
Colombia respondió con medidas recíprocas sobre productos ecuatorianos, lo que derivó en una guerra comercial que afectó el intercambio bilateral y generó preocupación entre exportadores, importadores y gremios empresariales de ambos países. Según información difundida durante el conflicto, las restricciones alcanzaron a sectores como medicamentos, cosméticos, manufacturas de plástico, caucho y otros bienes industriales que forman parte del comercio habitual entre ambas economías.
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En medio de la disputa intervino la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), organismo que el 7 de mayo emitió resoluciones mediante las cuales concluyó que tanto la tasa ecuatoriana como las medidas de respuesta colombianas contravenían las normas del bloque regional. La CAN ordenó a ambos países retirar las restricciones comerciales en un plazo de diez días hábiles.
Las resoluciones del organismo andino determinaron que la denominada tasa de seguridad aplicada por Ecuador constituía un gravamen incompatible con el Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena, base jurídica del libre comercio entre los países miembros de la CAN. Diversos especialistas en comercio exterior señalaron entonces que las decisiones de la Secretaría General tenían carácter vinculante para los Estados integrantes del bloque.
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Aunque Ecuador y Colombia presentaron recursos y observaciones ante la Comunidad Andina, las resoluciones se mantuvieron vigentes mientras continuaba el proceso administrativo dentro del organismo regional.
El anuncio político del fin de la medida se produjo el 29 de mayo. A través de su cuenta en la red social X, el presidente Daniel Noboa informó que había dispuesto eliminar la tasa desde el 1 de junio tras una conversación con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, que el 31 de mayo ganó las elecciones. El mandatario afirmó que durante ese diálogo se abordaron temas relacionados con comercio, energía, seguridad y cooperación contra el narcoterrorismo.
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Dos días después, el Senae oficializó la decisión mediante la resolución que derogó la normativa vigente desde abril, cuando se había formalizado el incremento al 100%. El documento señala que la derogatoria contó con el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y establece que las mercancías originarias o procedentes de Colombia dejarán de pagar la tasa desde el 1 de junio.
La eliminación de la medida ocurre en un contexto en el que los sectores productivos y comerciales de ambos países venían solicitando el restablecimiento de las condiciones normales de intercambio. Organizaciones empresariales habían advertido sobre los efectos de los aranceles y tasas recíprocas en las cadenas de suministro, especialmente en las zonas fronterizas donde el comercio bilateral constituye una fuente importante de actividad económica.
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Con la derogatoria de la tasa, Ecuador retorna al esquema de libre comercio previsto dentro de la Comunidad Andina para los productos colombianos. La medida también representa el cierre formal de un conflicto comercial que se extendió por cuatro meses y que puso a prueba los mecanismos de solución de controversias del bloque regional andino.
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