
La Unidad Penal 39 de Ituzaingó se convirtió ayer por la mañana en el epicentro de una intensa movilización policial tras la sorpresiva evasión de José Alberto Santillán Galván, un interno que se encontraba en la etapa final de su condena.
La fuga, que ocurrió mientras el hombre practicaba deportes, activó de inmediato los protocolos de alerta tanto en el ámbito carcelario como en el judicial, impulsando una búsqueda en distintos puntos del conurbano bonaerense.
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El episodio sucedió poco después de iniciado el día, cuando Santillán Galván, vestido con un buzo gris con rayas verdes, participaba de actividades recreativas dentro del penal. Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), “el interno estaba practicando deportes, corrió hasta el paredón y lo saltó”. Esta secuencia, rápida y sin resistencia, motivó la inmediata notificación a la Policía y a la Justicia.
Según informó el portal Primer Plano Online, la evasión de Santillán Galván se da en un contexto particular: el interno transitaba la fase final de una condena de 11 años de prisión, pena que debía finalizar en abril de 2027. Bajo la tutela del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Morón, el detenido gozaba de un régimen abierto, caracterizado por una menor vigilancia y un sistema basado en la autodisciplina, con el objetivo de favorecer la reinserción social.
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Cabe destacar que en el ámbito penitenciario, el régimen abierto representa el paso previo a la reincorporación plena a la sociedad. Este sistema implica reducir la presencia armada de los guardias y flexibilizar los controles, permitiendo a los internos realizar actividades deportivas, laborales o familiares dentro o fuera del penal, según dispongan los jueces a cargo del seguimiento.
A diferencia de otros sectores más restrictivos, los internos ubicados en esta modalidad son considerados aptos para el egreso próximo, lo que conlleva una mayor confianza en su capacidad de autocontrol y adaptación a la vida fuera de la cárcel. Por ello, la fuga de Santillán Galván no se asimila a una evasión violenta ni a una acción delictiva convencional, ya que no se emplearon armas ni se registró resistencia física durante el escape.
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En términos legales, la acción de Santillán Galván se encuadra más como un quebrantamiento del régimen abierto que como un delito de fuga, dado que no hubo violencia ni daño a terceros. Ante esta situación, el protocolo establece que, en caso de ser recapturado o de presentarse voluntariamente, lo más probable es que se modifiquen las condiciones bajo las que transcurre la última parte de su condena, restringiendo los beneficios de salida o flexibilización que había adquirido.
Tras la confirmación de la fuga, el Servicio Penitenciario Bonaerense dio aviso inmediato al 911 y a las autoridades judiciales, quienes impulsaron un despliegue en los lugares vinculados al entorno del interno. La Policía bonaerense investiga posibles paraderos y mantiene el operativo abierto, mientras solicita colaboración a la ciudadanía para aportar información sobre el paradero de Santillán Galván.
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Las autoridades remarcaron que, aunque no se trata de una fuga violenta, la recaptura del interno es prioritaria para el sistema penitenciario. Se solicita a quienes puedan ofrecer datos sobre el paradero del evadido que se comuniquen de inmediato al número de emergencias, evitando cualquier contacto directo.
La investigación y el operativo de búsqueda continúan en marcha, con la expectativa de que la colaboración ciudadana aporte elementos clave para resolver el caso.
El caso de Santillán Galván pone sobre la mesa el debate acerca de los alcances y limitaciones de los regímenes carcelarios abiertos en la provincia de Buenos Aires. Mientras el objetivo de estos sistemas es fomentar la reinserción y reducir la reincidencia, la flexibilidad en la supervisión puede derivar en situaciones imprevistas como la ocurrida en Ituzaingó.
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