Caso Ariel Goyeneche: la Defensa de los policías imputados difundió una nueva autopsia

La defensa de los policías Lisandro José María Romero y David Diego Ismael Vázquez, imputados por la muerte de Ariel Goyeneche en Paraná, difundió este martes los resultados de una nueva autopsia incorporada a la causa que, según los letrados, respalda que el fallecimiento respondió a una “causa multifactorial compleja” y no a una conducta dolosa de los efectivos.

El informe fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y, de acuerdo con el comunicado emitido por los abogados, la evidencia científica allí contenida “aporta claridad objetiva sobre los hechos investigados”. Según detallaron, los peritos determinaron la concurrencia de factores respiratorios, metabólicos, tóxicos y cardiovasculares en un contexto de “extrema exigencia fisiológica” vinculado a la resistencia física de la víctima durante la detención.

Uno de los elementos que los defensores pusieron en primer plano fue el hallazgo toxicológico: las pericias detectaron la presencia de sustancias compatibles con un cuadro de “delirium agitado”, una condición clínica que, según explicaron, lleva asociado un riesgo de muerte súbita. A eso se sumó el hallazgo de una condición cardiovascular previa, con alteraciones coronarias y lesiones cardíacas preexistentes que, según el informe, habrían incrementado el riesgo de una descompensación fatal ante un cuadro de estrés extremo y consumo de sustancias.

Frente a ese cuadro, los abogados remarcaron además que los estudios radiológicos “no constataron lesiones traumáticas letales, fracturas ni indicadores compatibles con una acción desmedida” por parte de los efectivos. Con ese conjunto de evidencias sobre la mesa, la defensa fue contundente: “Las pruebas científicas incorporadas a la causa respaldan con firmeza que nos encontramos frente a una tragedia humana profundamente compleja, atravesada por múltiples variables biológicas y médicas, y no ante una conducta dolosa dirigida a causar la muerte”, expresaron en el comunicado.

Los letrados también se refirieron a la situación personal de sus representados. Aunque reconocieron que “no existe reparación posible frente al dolor que implica la pérdida de una vida humana”, sostuvieron que la de Romero y Vázquez y sus respectivas familias es igualmente una carga difícil: atraviesan, según afirmaron, “una enorme carga emocional, social y humana” mientras esperan que “la verdad pueda establecerse con objetividad y sin prejuicios”.

La presentación de esta pericia abre una disputa técnica directa con las conclusiones que el fiscal Santiago Alfieri había alcanzado durante la investigación. En mayo de 2024, Alfieri sostuvo ante Uno Entre Ríos que las pruebas recabadas permitían establecer “sin dudas” que el "accionar policial causa la muerte al excederse en los términos“, y subrayó que Goyeneche “era orgánicamente sano”, extremo que la fiscalía había verificado con informes de distintos organismos de salud de la zona. La primera autopsia practicada tras el fallecimiento había determinado que la causa de muerte fue una "asfixia mecánica por compresión extrínseca a nivel toraco abdominal“, es decir, provocada por un elemento externo al cuerpo, y también reveló lesiones contusas y traumáticas en distintos órganos.

Fue sobre esa base que Alfieri imputó a dos suboficiales y a un oficial —quien estaba a cargo del operativo y se mantenía informado— por “homicidio en circunstancias de exceso del cumplimiento de un deber” en concurso real con el delito de vejaciones. Ninguno de los tres imputados optó por declarar, aunque sí designaron un asesor técnico y un perito de parte para analizar las conclusiones forenses.

Los hechos se remontan a la madrugada del 12 de febrero de 2024. Un vecino de la calle Piedrabuena llamó al 911 para alertar sobre un hombre en el techo de una vivienda. Agentes de la Comisaría 2° llegaron al lugar y encontraron a Ariel Goyeneche, de 38 años, quien explicó que estaba allí porque creía que alguien lo perseguía para matarlo. El parte policial indicó que aceptó ser esposado sin resistencia, un dato que el fiscal consideró clave para reconstruir el estado en que se encontraba antes de ser apresado.

Durante el traslado, la situación se deterioró. Según las cámaras de seguridad de la zona, unos 25 minutos antes de su muerte, Goyeneche era capaz de abrir la puerta de un auto, bajar, correr, subir escaleras, reaccionar ante la voz de alto y sostener la fuerza de tres policías, todo eso con las manos esposadas. Pese a ello, permaneció aproximadamente media hora dentro del patrullero para ser trasladado menos de una cuadra, y fue reducido entre el cordón cuneta y la vereda con un policía sobre su espalda durante 25 minutos y otro sujetándole las piernas. Dos videos difundidos en redes sociales dieron cuenta de esas condiciones y de algunos golpes por parte de un funcionario.

Goyeneche era padre de una niña de 12 años. Su hermana, Analía Goyeneche, había señalado en el velatorio que la policía no aplicó los protocolos correspondientes para una persona que, según reconoció la propia fuerza, presentaba “delirios y alucinaciones” desde el primer contacto. Existe una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación —la 843/2022— que establece como prioridad “solicitar la atención inmediata del equipo de salud” en esas situaciones; pese a ello, Goyeneche no fue atendido por el médico policial. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Mendoza y Cervantes de Paraná, y la causa acumula a la fecha un nuevo pedido de justicia realizado a dos años del fallecimiento.