El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes confirmó de manera definitiva la condena a siete años de prisión y la inhabilitación perpetua del ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse, hallado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante.
La Justicia correntina rechazó el 24 de abril el recurso extraordinario federal presentado por la defensa del médico mediante la Resolución N° 57. Con este fallo se cierra la última instancia provincial en un proceso que se prolongó por más de cuatro años e involucró denuncias de al menos 18 mujeres.
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El voto principal, elaborado por el doctor Alejandro Alberto Chain, señaló que el planteo de la defensa carecía de “fundamentación autónoma” y de una “cuestión federal debidamente expuesta”.
La sentencia, adoptada por unanimidad, dejó firme la pena dictada previamente por el Tribunal Oral Penal N° 1 por el delito previsto en el artículo 119, segundo párrafo, del Código Penal. Dicha condena ya había sido confirmada por el STJ en septiembre de 2025 al rechazar el recurso de casación de la defensa.
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Por su parte, los doctores Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, junto al presidente del STJ, Guillermo Horacio Semhan, adhirieron a los fundamentos del doctor Chain. Este último, además, mantuvo su postura de que, al tratarse de un acto inoficioso, el proceso no debería generar costas.
El STJ subrayó que la simple discrepancia con el resultado de la sentencia o la mención de principios constitucionales no basta para habilitar la instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El organismo aclaró que la sentencia condenatoria no fue arbitraria, sino que constituyó una “derivación razonada del derecho vigente” con base en las pruebas recolectadas.
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El magistrado explicó que los argumentos de los abogados defensores “se limitaron a reeditar críticas sobre la valoración de las pruebas” y cuestiones de derecho común que ya habían sido tratadas y respondidas en la instancia de Casación.
Los detalles de un caso aberrante
Las acusaciones contra Dahse cobraron relevancia por la cantidad de causas acumuladas en su contra a partir de la primera denuncia formal en octubre de 2021.
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El ginecólogo, auditor del Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR) desde 2012, acumuló más de 15 denuncias públicas y al menos 18 formalizadas ante la justicia y la prensa.
Los testimonios de las víctimas repetían patrones: abusos durante consultas profesionales, uso de anestesia con las pacientes y hechos que datan de hasta dos décadas atrás.
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Un extracto de la denuncia principal formalizada por una paciente de 20 años explicitaba por entonces: “Me sentí muy vulnerable y mega nerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que responde ‘nadie se va a enterar’. Después de decir reiteradas veces que NO, se me asomó y me lamió el clítoris”.
Víctimas identificadas con nombres ficticios como Rebeca y Rita relataron, a medios locales, situaciones similares. Una mujer relató que fue anestesiada para la colocación de un DIU y despertó en medio de una violación; otra detalló haber sufrido abuso en 2008 tras solicitar un aborto clandestino, cuando el médico la anestesió y cometió el delito en un consultorio privado.
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La abogada querellante, Sofía Domínguez Briceño, explicó que el acusado solía aprovecharse de su cargo, ofreciendo atención sin turno, eximiendo del cobro de prácticas o prometiendo ayuda con trámites para ganarse la confianza de las pacientes.
El imputado optó por no brindar su testimonio.
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Qué pedía la querella
La abogada querellante había solicitado en su alegato de fines de julio de 2023 que el ginecólogo enfrente la pena máxima de 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina. También había exigido la detención inmediata del imputado, que permanecía en libertad por una eximición de prisión luego de haber cumplido cuatro meses de detención preventiva en 2022.
Desde el Ministerio Público Fiscal, Carlos Lértora requirió para Dahse una condena de siete años de prisión, sumar inhabilitación perpetua y ordenar su detención de manera inmediata.
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El juicio contra Dahse, despertó amplia repercusión social: representantes de la multisectorial de mujeres y agrupaciones feministas se concentraron en los tribunales provinciales durante las audiencias, con carteles exigiendo justicia y exhibiendo la imagen del imputado.
Entre las voces presentes, Mónica Baglieto, del colectivo MuMaLá, manifestó que “la Justicia revictimiza” ya que “el abusador es un profesional de la salud, que nos debería cuidar”. El juicio convocó al menos a catorce testigos, incluidos profesionales y peritos, y la presencia de otras sobrevivientes dispuestas a declarar en contra de Dahse.
Por último, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), dependiente del Ministerio de Justicia, había solicitado al ministro de Salud Pública de Corrientes, Ricardo Cardozo, la suspensión preventiva de la matrícula profesional del acusado mientras se resolvía su situación judicial.
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