La crisis geopolítica en Medio Oriente ya se traduce en un impacto directo sobre los precios de materias primas y el costo de vida en Costa Rica. El Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (OES-UNA) prevé que la actual inestabilidad, sumada a la débil tregua existente en la región, tendrá consecuencias inmediatas para el suministro de combustibles y bienes esenciales en el país, con el aumento previsto de los precios de combustibles como un riesgo que se expresará antes de que finalice mayo.
El encarecimiento del diésel, que acumularía en abril y mayo un alza del 32% (169 colones por litro), amenaza con trasladarse a toda la economía. Esta presión no solo incrementará los precios finales del transporte público y de carga, sino que incidirá sobre los costos de producción en otros sectores. El investigador Fernando Rodríguez, del OES-UNA, advirtió que el transporte público enfrenta ya una crisis crónica: más de 100 rutas de autobús han sido abandonadas en los últimos años, lo que refleja la fragilidad del sistema ante aumentos de este tipo.
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La gasolina súper y regular también subirán: a mayo, la regular habrá subido un 23.6% por litro (143 colones), y la súper, 12.8% (81 colones). El gas licuado, fundamental para hogares de ingresos bajos y pequeños negocios, habrá aumentado un 5.8% y alcanzado los 7,263 colones (USD 15.8) por cilindro de 25 libras. Según el OES-UNA, estos ajustes de precios constituyen una amenaza directa para la inflación local y la accesibilidad a bienes básicos.
El conflicto en Medio Oriente también afecta los fertilizantes nitrogenados, indispensables en la agricultura costarricense. Entre el 30% y el 40% del comercio global de estos insumos cruza el estrecho de Ormuz. A esto se añade un aumento cercano al 20% en el precio del gas natural, materia prima que representa hasta el 80% de los costos de producción de fertilizantes. El precio internacional de la urea, uno de los fertilizantes más usados, pasó de 415 dólares a inicios de año a 850 dólares en Medio Oriente y 694 dólares en el Golfo de México por tonelada.
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A criterio de Rodríguez, “el encarecimiento de este insumo tendrá efectos importantes sobre los precios de los alimentos, igualando incluso lo observado tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022”, cuando la inflación en alimentos superó la inflación general y se sostuvo elevada por meses. Advirtió que esta vez el impacto podría ser aún mayor, debido a las debilidades estructurales del sector agrícola costarricense y la creciente dependencia de importaciones para asegurar el abastecimiento alimentario.
El efecto global: comercio, agricultura y financiamiento más costosos
A la presión de los combustibles y fertilizantes se suma un entorno internacional adverso, caracterizado por menor crecimiento de los principales socios comerciales, caída de la demanda de exportaciones costarricenses, reducción de la producción agrícola global y aumento de los costos de transporte aéreo y marítimo. Esto repercute también en el alza del precio de los boletos aéreos y mayores costos de financiamiento externo.
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La suma de estos factores configura un escenario de riesgo creciente, donde la economía nacional enfrenta desafíos simultáneos en múltiples frentes: precios internos, competitividad exportadora, seguridad alimentaria y acceso a recursos internacionales.
En este escenario, el OES-UNA promueve la adopción de diez políticas específicas para mitigar el efecto de este entorno internacional volátil, dirigidas a sostener los sectores productivos y proteger a los hogares de menores ingresos.
Propuestas del OES-UNA para amortiguar el impacto
Las recomendaciones del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional abarcan acciones orientadas al transporte, la agricultura y la eficiencia fiscal.
El organismo recomienda implementar un mecanismo de compensación para el transporte público ante el aumento del diésel, incluida la posible reactivación de la exoneración fiscal para este sector, vigente en 2008. Plantea también mejorar la infraestructura y la seguridad en terminales y paradas de autobús, así como impulsar la transición a buses eléctricos mediante la creación de un fondo de avales que facilite la financiación y la renovación tecnológica de las flotas.
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El OES-UNA propone establecer la obligatoriedad del teletrabajo en el sector público y promoverlo en el sector privado donde sea viable técnicamente, para reducir el consumo de combustibles y la congestión. En educación superior, sugiere adoptar la modalidad virtual como complemento, siempre que existan las condiciones institucionales y tecnológicas necesarias, con el objetivo de reducir los costos de movilidad sin afectar la calidad académica.
Respecto al sector agrícola, el Observatorio postula mecanismos de apoyo para la adquisición de fertilizantes, priorizando a pequeños productores, y propone subsidios focalizados al combustible para el campo, siguiendo modelos establecidos en otros sectores y asegurando una asignación eficiente y racional del recurso.
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La entidad también impulsa la reducción del beneficio de combustible otorgado a diputados, de 500 a 200 litros mensuales, para alinearlo con políticas de austeridad y sostenibilidad.
En cuanto al sector pesquero, se plantea sustituir la actual exoneración al diésel por un subsidio directo, sujeto a controles más rigurosos que prevengan el uso inadecuado de estos recursos.
Para financiar estas medidas, el OES-UNA recomienda ajustar el sistema fiscal, proponiendo mayores controles sobre pagos electrónicos para combatir la evasión del IVA, aumentar impuestos a vehículos de alto valor y cilindrada, gravar embarcaciones y aeronaves, así como considerar el alza de peajes e impuestos ambientales.
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Rodríguez resumió la postura del Observatorio señalando que “estas medidas buscan no solo mitigar los efectos inmediatos del shock externo, sino también fortalecer la resiliencia de sectores clave de la economía nacional frente a un entorno internacional altamente incierto”.
La escalada de precios de combustibles y fertilizantes derivada del conflicto en Medio Oriente, junto con la vulnerabilidad internacional, precipita recomendaciones urgentes del OES-UNA para resguardar la economía costarricense y evitar un deterioro mayor en el acceso a bienes básicos y servicios esenciales.
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