
Un profesor de plástica de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, enfrentará un juicio penal tras ser acusado de abuso sexual en perjuicio de once alumnas de una escuela primaria local.
Durante la audiencia realizada ayer lunes, la Fiscalía de Río Negro expuso los hechos y detalló la calificación legal que pesa sobre el imputado. Según el relato del Ministerio Público Fiscal, el docente habría aprovechado su posición y la asimetría de poder inherente a su rol para perpetrar los hechos entre 2023 y 2024. La acusación sostiene que el hombre sentaba a las niñas en su falda y concretaba tocamientos durante el dictado de las clases de plástica, episodios que habrían ocurrido de manera reiterada dentro del establecimiento educativo.
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Hoy, las miradas están puestas en la continuidad de la audiencia, donde se espera la incorporación de nuevos elementos de prueba y el testimonio de testigos clave. La expectativa de los familiares y la comunidad escolar es alta, ya que el caso no solo expone la vulnerabilidad de las infancias, sino que también pone a prueba los mecanismos institucionales de protección y respuesta frente a situaciones de violencia sexual en el ámbito educativo.
Por la gravedad, la reiteración de los hechos y la situación de vulnerabilidad de las víctimas, el Ministerio Público Fiscal calificó la conducta como abuso sexual simple agravado, en concurso real y en calidad de autor, por haber sido cometido por quien tenía a su cargo la educación de las menores.
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De acuerdo con lo informado por el medio local Diario Río Negro, la escala penal prevista para este tipo de delito, según indicaron los representantes del Ministerio Público y los abogados querellantes, va de tres a doce años de prisión efectiva. Los padres y madres de las víctimas, representados por abogados particulares, adhirieron íntegramente a la acusación fiscal y a la pretensión de pena.

Antes del inicio formal de la audiencia, se barajó la posibilidad de acordar un procedimiento abreviado que contaba con el aval de las familias de las víctimas. Este mecanismo habría evitado el juicio oral y público, permitiendo una resolución más rápida y menos revictimizante para las niñas involucradas. Sin embargo, el imputado rechazó el acuerdo y decidió someterse al trámite ordinario, lo que derivará en la realización de un juicio oral con participación de testigos, peritos y la exhibición de pruebas.
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Fuentes cercanas a la causa señalaron que la negativa a aceptar el procedimiento abreviado prolonga la exposición y el impacto emocional para las víctimas y sus familias. La audiencia, realizada vía Zoom por cuestiones de seguridad y resguardo, contó con la presencia virtual de los padres y madres de las víctimas, quienes manifestaron su acompañamiento a la acusación y su expectativa de justicia.
Uno de los puntos más relevantes del debate judicial fue la discusión sobre la situación de libertad del imputado. A pedido de la Fiscalía y los representantes legales de las familias, el juez interviniente resolvió prorrogar la prisión preventiva por dos meses más.
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La decisión garantiza que el acusado permanecerá detenido hasta tanto se celebre el juicio oral, evitando así eventuales riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación. Durante la audiencia de hoy, está previsto que se incorporen pruebas documentales, informes periciales, declaraciones de testigos y registros de cámaras Gesell, además del listado de evidencias que se producirán durante el juicio definitivo.
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