La Legislatura Unicameral de Córdoba inicia este martes un proceso sin precedentes en la provincia: tres fiscales enfrentarán un jury por presunto mal desempeño y negligencia durante la investigación del asesinato de Nora Dalmasso. Los funcionarios señalados son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes permanecerán bajo evaluación hasta finales de mayo.
El tribunal, encabezado por Julieta Rinaldi, programó cinco audiencias entre el 21 y el 27 de abril. La convocatoria incluye a 37 testigos, entre los que figuran el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos Valentina y Facundo.
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“Los cordobeses no nos merecemos que suceda un crimen así, tan horrendo. A esto no lo hacemos por odio ni venganza, sino por la memoria de mi madre”, dijo Facundo en una entrevista con El Doce.
La acusación, que estará a cargo de la fiscal general adjunta Bettina Croppi, surge a partir de un hallazgo reciente, posterior a la prescripción penal de la causa, que lleva ya dos décadas sin resolución. El fiscal Pablo Jávega detectó que el perfil genético encontrado en el cuerpo y la bata de Nora Dalmasso coincide con el ADN de Roberto Bárzola, un parquetista que trabajó en la vivienda de la víctima.
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Las audiencias permitirán a las partes presentar sus alegatos durante mayo. El tribunal de enjuiciamiento definirá antes del 28 de ese mes si los fiscales continúan en sus cargos o si el Estado decide su destitución en caso de que hayan incurrido en mal desempeño y negligencia grave, según detalló CBA24N.
El caso
Nora Dalmasso fue hallada asesinada el 26 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, Córdoba. El caso generó una fuerte conmoción social y mediática debido a la violencia del hecho y las circunstancias que rodearon la muerte. La investigación estuvo marcada por cambios en las hipótesis, imputaciones fallidas y la falta de resultados concluyentes.
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Durante la instrucción, fueron imputados y luego desvinculados varios allegados, entre ellos el viudo Marcelo Macarrón, quien fue absuelto en 2022 tras ser juzgado por jurado popular. A lo largo de dos décadas, la causa pasó por distintos fiscales y líneas de investigación, sin identificar al responsable.
En 2024, la causa volvió a cobrar relevancia tras detectarse que un perfil genético hallado en la escena coincide con el ADN de Roberto Bárzola. Este hallazgo motivó su imputación y la revisión del desempeño de los fiscales que llevaron adelante la investigación.
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