Las escuelas enfrentan una creciente preocupación de violencia por amenazas de tiroteo, mensajes intimidatorios y los casos a lo largo del país parecen seguir subiendo. Este viernes, en la provincia de Salta, detuvieron a cuatro jóvenes mayores de edad y dos menores acusados de emitir estas amenazas en las escuelas.
Según reportó El Tribuno, la investigación abarca tanto grafitis como advertencias sobre posibles hechos violentos, lo que generó alerta en la comunidad educativa y derivó en acciones coordinadas entre la Justicia, la Policía de Salta y organismos de menores. El avance más reciente se produjo en el Colegio Walter Adet, en barrio Santa Ana I, donde la intervención del fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, llevó a la detención de dos estudiantes de 18 y 19 años, junto con un menor de 17, todos alumnos del establecimiento.
Según la causa, los mensajes escritos en el baño de varones anticipaban hechos para el lunes siguiente, lo que motivó la intervención judicial inmediata. Señalaron que los tres jóvenes ingresaron al sector donde se hallaron los grafitis y, al ser consultados, explicaron que se trataba de “un reto”, hipótesis que ahora analiza la fiscalía para determinar si existe influencia de desafíos virales o conductas imitadas entre estudiantes.
Las audiencias de imputación para estos detenidos están previstas para el sábado 18, mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer si los hechos responden a un fenómeno aislado o forman parte de una tendencia replicada a nivel provincial o nacional.
Otro caso de detención de alumnos fue en la Escuela de Educación Técnica República de la India de la ciudad de Salta, donde dos adolescentes emitieron mensajes intimidatorios. El procedimiento incluyó requisas domiciliarias y el secuestro de teléfonos para sumar pruebas a la causa. Además, en Rosario de la Frontera, la policía demoró a un menor vinculado a amenazas escritas en el Colegio 5009, bajo la intervención del Juzgado de Menores 3.
El patrón común en los casos incluye mensajes escritos en baños escolares o difundidos en plataformas digitales, con referencias a posibles ataques en fechas específicas. El Tribuno detalló que escuelas como el Miguel Aráoz, la Escuela ex Normal, el ex Nacional y el colegio María Teresa de Calcuta reforzaron la seguridad con presencia policial y monitoreo constante, mientras la Justicia advirtió que estas conductas pueden encuadrarse en el delito de intimidación pública, penado con entre 2 y 6 años de prisión según el Código Penal.
Más de 100 denuncias de tiroteos en escuelas de Córdoba
En la provincia de Córdoba se investigan más de 100 denuncias por amenazas en escuelas, y las autoridades judiciales analizan la posible viralización de este tipo de mensajes en todo el país. En el marco de estas investigaciones, el abogado penalista José D’Antona precisó que las conductas identificadas se encuadran bajo la figura de amenazas calificadas agravadas por el anonimato.
D’Antona explicó a Telenoche que el tipo penal aplicable establece penas de uno a tres años de prisión aun cuando los implicados sean menores de edad que resulten punibles. Detalló: “Si su reproducción es en orden a incitar, promover o incentivar a que otros hagan estas mismas cuestiones, claramente va a tener una responsabilidad penal como instigador, coautor, partícipe o hasta autor también”.
La provincia registra más de 100 denuncias por amenazas en escuelas distribuidas entre Córdoba capital, La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María. A raíz de estos hechos, se ejecutaron diversas órdenes judiciales que permitieron allanar domicilios de menores y adultos vinculados a las amenazas. “Con una orden que tenga todas las formalidades que el código de procedimiento exige es suficiente para que puedan allanar a un mayor o a un menor”, puntualizó D’Antona luego de que la Justicia cordobesa dispusiera nuevos procedimientos judiciales en la provincia.
Las amenazas en escuelas de Córdoba derivaron en la imputación de 8 adolescentes, investigaciones penales en múltiples localidades y la posibilidad de prisión de uno a tres años para los responsables. Además, se reforzaron controles y allanamientos a partir de órdenes judiciales que alcanzan tanto a menores como a adultos.
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