A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su papá denunció que “sigue funcionando una estructura de impunidad”

El 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos (23) salió de fiesta a un boliche de San Miguel de Tucumán para celebrar que había aprobado una materia, sin imaginar que nunca volvería a su hogar. Desde ese entonces, su padre, Alberto Lebbos, exige justicia por la tortura seguida de muerte que sufrió su hija. Un caso que, según aseguró, sigue estancado por ciertas maniobras de encubrimiento por parte del poder.

Esa noche, la estudiante había ido a bailar al boliche “Gitana”. De allí, se fue en un remis con su amiga y compañera de la carrera de Comunicación Social, Virginia Mercado, quien declaró que regresó a su casa, mientras que Paulina se dirigía a la casa de su ex pareja.

De acuerdo con la investigación, Mercado habría sido la última persona que la vio con vida. O eso se creía, ya que en diciembre del año pasado confesó que había mentido luego de que detectaran incongruencias en su relato.

Quedó imputada por encubrimiento agravado y a la espera de que se defina si podrá acceder a un juicio abreviado y, por ende, a una reducción en su condena por aceptar la responsabilidad del delito. “Le pedí que diga la verdad”, recordó Lebbos sobre el reencuentro que tuvieron en la audiencia. Aunque fue de forma virtual, debido a que la acusada alegó estar enferma y se conectó desde Salta.

“Hace 20 años que seguimos luchando”, lamentó Alberto al haberse cumplido dos décadas del crimen, sin que ninguno de los responsables fuera condenado. En este contexto, se regirió a la falta de avances como una “catástrofe jurídica” y denunció que la falta de verdad sería producto de un entramado de poder para proteger a los autores.

En todo este tiempo, recién la semana que viene serán llevados a juicio los principales sospechosos del crimen: Víctor César Soto y Sergio Hernán Kaleñuk. Soto es la ex pareja de la víctima, con quien tenían una hija en común, mientras que Kaleñuk es conocido por ser el hijo del secretario de José Alperovich, el ex gobernador tucumano condenado por abuso sexual.

El inicio de la instancia oral estaba previsto para el próximo lunes 2 de marzo. Sin embargo, Alberto anticipó en un diálogo con Infobae que este podría ser aplazado por un reciente cambio de fiscal. “Sigue funcionando esta estructura de impunidad”, acusó al señalar que “lo hacen todo a la sombra”.

De hecho, un día antes de cumplirse otro año del asesinato de su hija, contó que se había enterado de que Raúl Antonio Ferreira, uno de los altos funcionarios que había sido imputado por falso testimonio, había sido sobreseído. “Siento una conmoción, mucha emotividad”, reconoció.

Al momento del crimen, Ferreira era el jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán. En 2023 habían solicitado la elevación a juicio por esta causa, pero el 25 de febrero de este año, el juez Raúl Cardozo del Juzgado de Instrucción Conclusional II decidió sobreseerlo.

Según la resolución a la que accedió este medio, la defensa, representada por el abogado Álvaro Ricardo Zelarayán, había solicitado que la acción penal fuera declarada extinta, por haber prescripto el plazo previsto para este tipo de delitos.

Anteriormente, se había realizado un juicio en 2018, en donde resultaron condenados varios altos funcionarios por encubrimiento. Entre ellos, el ex jefe de Policía de Tucumán, Hugo Rubén Sánchez; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Oscar Di Lella; el ex subjefe de la fuerza, Luis Nicolás Barrera; y el ex titular de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito.

Como parte de ese proceso, se ordenó investigar a más de treinta personas, que presuntamente habrían colaborado con el encubrimiento del crimen, aportado falsos testimonios o, en el caso de los funcionarios públicos, incurrido en el abuso de autoridad. De la cúpula del poder provincial, el nombre más resonante fue el de Alperovich.

A ocho años de ese fallo, tres de las personas investigadas admitieron su responsabilidad en los delitos que les atribuyeron y accedieron a juicios abreviados. El primero de ellos fue Jorge Hernán Jiménez, quien era un amigo cercano de Soto y quedó detenido en marzo de 2018 por falso testimonio.

Luego de que se llevara a cabo una investigación en su contra, en marzo de 2025, la defensa, también representada por Zelarayán, accedió al juicio abreviado. Así, fue condenado a cumplir una pena de dos años de prisión condicional.

En julio de ese mismo año, el ex subjefe de la Unidad Regional Norte, Vicente Francisco Picón, reconoció su responsabilidad de haber sido “autor voluntario y responsable del delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública”. Por esto, solo le dieron dos años de prisión condicional.

Por último, el ex jefe de Inteligencia, Fernando Rodolfo Maruf, también fue condenado por el delito de “encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración pública”. No obstante, recibió una pena de tres años de prisión condicional y le ordenaron realizar un curso en Derechos Humanos y otro en Violencia de Género.

Frente a la cantidad de años que la Justicia impuso en cada uno de estos casos, Lebbos sostuvo que “se tienen que agravar las condenas para los funcionarios públicos que cometieran delitos”.

Al mismo tiempo que espera conocer para finales de esta semana el destino de los procesos en contra de, por un lado, Soto y Kaleñuk, y, por el otro lado, Mercado, el padre de Paulina confirmó que este jueves encabezará la marcha por Justicia que realizan todos los años en la Plaza Independencia de la capital tucumana. La convocatoria será a partir de las 17:00 horas.

Pese a los años que pasaron, Alberto reconoció que en estas fechas lo llevan a revivir todo el dolor que sufrió durante esos días. “Es como que todos los recuerdos aterrizan en tu corazón y en tu alma”, ilustró al asegurar que toda la familia Lebbos se encuentra más sólida que nunca, con el fin de lograr que los responsables del crimen de Paulina cumplan su condena correspondiente.