La Justicia de Brasil ordenó la liberación de Agostina Páez, la argentina que había sido detenida este viernes en Río de Janeiro por injurias raciales. El arresto se había concretado a 48 horas de que el Ministerio Público Fiscal de la ciudad carioca pidiera su prisión preventiva a pesar de que estuviera instalda en un departamento y con tobillera electrónica. Tras una queja de su equipo de defensores, finalmente las autoridades revocaron la decisión.
Según confirmó su abogado Sebastián Robles a Infobae, la orden para liberar a la mujer de 29 años fue dictada cerca de las 16:30 (hora argentina). Desde el mediodía que la joven estaba en una comisaría de la ciudad. Para las 17 horas solo faltaba realizar unos trámites para salir nuevamente a la vía pública.
Lo que aún su equipo de defensores desconocen es qué va a pasar con las medidas cautelares que le habían impuesto previamente. Entre ellas, la prohibición de salir del país y la obligación de llevar una tobillera electrónica para controlar que no infrinja la norma. Esta definición se conocerá en las próximas horas.

Más temprano, la Justicia brasileña le había rechazado a Agostina el pedido de autorización para volver a Argentina y continuar el proceso judicial desde su país natal.
El delito de injuria racial por el que estuvo unas horas detenida, equiparado al racismo en la legislación brasileña, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla el beneficio de excarcelación bajo fianza.
El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso.
Desde el 14 de enero, la joven se encuentra imposibilitada de salir de Brasil. Primero se le retuvo el pasaporte, luego fue obligada a instalarse una tobillera electrónica y, aunque su documento nacional fue devuelto, la prohibición de abandonar el país continuaba vigente hasta este viernes.
La situación personal de Páez se tornó aún más delicada tras un incidente en su residencia temporal. Tres personas ingresaron al departamento en el que se alojaba, lo que la llevó a mudarse por razones de seguridad. Su familia manifestó preocupación por su estado anímico y evalúa viajar a Brasil para acompañarla, ante las amenazas recibidas y el agravamiento de la tensión. “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, relató su padre, Mariano Páez, en contacto con los medios.
La Embajada de la República Argentina en Brasil le ofreció asistencia legal, aunque no intervendrá en el procedimiento judicial.

La reacción de la argentina al pedido de prisión
El pedido de prisión preventiva fue una angustiante sorpresa para Páez, quien apenas tomó conocimiento de la solicitud emitida el jueves, llamó llorando a su abogado Sebastián Robles en busca de contención y respuestas. Fuentes cercanas a ella describieron a este medio que la mujer de 29 años estaba triste y preocupada por la resolución que pudiera adoptar la Justicia de Brasil tras el pedido.
La argentina está acusada de “injuria racial” por hacerle comentarios y gestos racistas a los empleados de un restaurante de la ciudad carioca, donde había ido a veranear con amigas.
En este contexto, su defensor presentó un hábeas corpus en el que solicitó que le permitan a Páez regresar a Argentina y continuar con el debido proceso judicial desde allí. No obstante, antes de que esto fuera resuelto, el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro pidió que quede detenida.
En la presentación, los brasileños alegaron: “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente“.
El entorno de la turista argentina valora como exagerado este pedido y se preguntan qué sentido tiene arrestarla ahora si no lo hicieron al principio del caso, cuando podrían haber alegado peligro de fuga.
No obstante, su abogado entiende que el delito que le adjudican tiene un gran peso cultural para la sociedad brasileña y cree que probablemente este caso esté siendo tomado como “ejemplificador”, por eso buscan escalarlo.
“Ella se sometió al debido proceso, tiene la tobillera, no puede salir del país. Estamos en una situación donde no existen los peligros procesales”, analizó el letrado en diálogo con este medio.
Y agregó: “Si no ha violado la medida de salir del país en los primeros días, obviamente que no se tendría por qué agravar la situación, sino ya entraríamos en una pena anticipada, que ya estamos al borde de violar esos derechos internacionales”
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