Las autoridades de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata examinan la posibilidad de que los dos adolescentes acusados de planear una masacre escolar hayan sido captados por adultos que impulsaron un proceso de radicalización progresiva.
De acuerdo con información del sitio Fiscales, la pesquisa apunta a determinar si personas mayores de edad utilizaron canales digitales para influir en los jóvenes y conducirlos hacia la planificación de un hecho de violencia extrema dentro de una institución educativa.
Asimismo, se detectó la posible participación de al menos una persona más que operaría desde otro país de Sudamérica, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades de ese Estado.
La investigación, dirigida por la fiscal Laura Mazzaferri, se encuentra en una etapa inicial e involucra a un adolescente con residencia en Miramar y a otro en La Quiaca, Jujuy. Se trataba de dos chicos con acceso a armas blancas no convencionales y de fuego. Ambos tienen un perfil similar: los describen como retraídos y aislados socialmente. Al mismo tiempo, sus padres están separados y a varios kilómetros de distancia.
De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, se trata de adolescentes que consumen propaganda yihadista ya sea de ISIS, el Estado Islámico y/o de Al Qaeda.
El caso
El caso surgió tras una alerta enviada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), bajo la conducción del fiscal general Horacio Azzolin.
El reporte remitido por la agencia estadounidense advirtió sobre posibles conversaciones mantenidas en una red social, en las que los usuarios hacían referencia explícita a la organización de un ataque armado en una escuela y mencionaban la comisión de una “masacre”, junto con discursos de odio dirigidos hacia distintos grupos sociales y religiosos.
La UFECI inició una investigación preliminar en colaboración con el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Ese trabajo permitió identificar los domicilios de los adolescentes y derivó en cuatro allanamientos realizados el 30 de enero pasado en distintos puntos del país, con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos y recolectar evidencias que permitan profundizar la pesquisa.
La fiscal Mazzaferri solicitó autorización judicial para llevar a cabo los procedimientos y requirió la intervención de la Asesoría de Menores a fin de garantizar la protección integral de los derechos de los jóvenes, quienes no son punibles según la legislación vigente por no haber alcanzado los 16 años al momento de los hechos.
Durante la audiencia multipropósito celebrada el 28 de enero, el juez de Garantías Santiago Inchausti habilitó tanto las medidas de allanamiento como la reserva de las actuaciones y la participación de la Asesoría de Menores.
Según el análisis efectuado por la Unidad Fiscal, las conversaciones interceptadas incluyeron menciones directas a la adquisición de armas, prácticas de tiro y la identificación con autores de hechos de violencia escolar ocurridos en Estados Unidos en 1999.
Además, los mensajes revelaron expresiones discriminatorias y de odio, lo que llevó a los investigadores a considerar la posible existencia de instigadores mayores de edad fuera del territorio argentino.
Durante los allanamientos, los efectivos del DUIA secuestraron computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que ahora son peritados por especialistas en delitos informáticos. El objetivo es reconstruir el circuito de comunicaciones, identificar posibles contactos internacionales y determinar si existió un proceso sistemático de adoctrinamiento dirigido a los menores.
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