Una empleada del Registro Civil de Neuquén está acusada de haber estafado a una pareja para casarlos: les cobró una importante suma de dinero, confeccionó las actas con datos falsificados y les pidió que le envíen el dinero a su cuenta.
La investigación, a cargo de la Fiscalía local, tomó un giro este martes durante una audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde el Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que la funcionaria realizó el cobro indebido de 90 mil pesos sobre un trámite matrimonial gratuito.
Según explicó el asistente letrado Facundo Bernat, los hechos ocurrieron 6 de enero de 2025, cuando la acusada, en su carácter de funcionaria pública, solicitó a una pareja el pago de 90.000 pesos para concretar su casamiento. El argumento presentado por la mujer fue que el sellado, previamente abonado, no correspondía al trámite de matrimonio, por lo que debían volver a pagarlo.
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo durante la audiencia que esa transacción no tiene sustento en la normativa vigente y que la suma fue transferida directamente a una cuenta personal de la empleada, un dato considerado clave por el MPF para agravar la acusación.
La causa judicial también incluyó la revisión del acta matrimonial confeccionada por la acusada. Durante la audiencia, Bernat indicó que ella también “incurrió en falsedad ideológica agravada, al tratarse de una conducta atribuida a una funcionaria pública que actuó con abuso de sus funciones: el delito se configuró al confeccionar el acta del matrimonio, omitir que la ceremonia se realizó a domicilio -lo que provocó un perjuicio patrimonial al Estado, dado que este tipo de ceremonias conlleva el pago de una tasa correspondiente- y no consignar los testigos exigidos por la normativa vigente”. Para la Fiscalía, estas irregularidades no constituyen simples errores administrativos.
El Ministerio Público Fiscal remarcó que la pareja afectada debió iniciar trámites de rectificación ante los errores en la documentación matrimonial, lo que implicó demoras y nuevas gestiones administrativas. “El asistente letrado encuadró los hechos en los delitos de exacciones ilegales agravadas por haber convertido en propio el provecho del ilícito y falsedad ideológica agravada por haber sido cometida por una funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora”, precisó la fiscalía.
La audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Neuquén concluyó con la solicitud de una prórroga de tres meses para profundizar la investigación penal. El juez de garantías Juan Guaita aceptó tanto la reformulación de los cargos como la extensión del plazo, lo que permitirá a la fiscalía analizar en detalle el alcance del perjuicio ocasionado y avanzar con las medidas probatorias necesarias.
Se robó el dinero de la Municipalidad de Pinamar mientras trabajaba
Una funcionaria, de 59 años y con más de tres décadas de trayectoria en la administración local de Pinamar, fue desvinculada de su cargo tras quedar registrada en once videos guardando dinero de la recaudación municipal en su cartera personal durante su jornada laboral.
La mujer identificada como Norma Beatriz Watson tenía acceso al área de Tesorería, donde ejercía como jefa, y al manejo de efectivo. El caso salió a la luz después de que un funcionario municipal detectara una irregularidad y presentara una denuncia que derivó en una investigación conjunta con la Fiscalía.
El comunicado oficial del municipio señaló que Watson abusó de su posición para apropiarse de fondos públicos y que, al confirmarse el incumplimiento de sus funciones, se le inició un sumario administrativo y se le garantizó el derecho de defensa.
La causa judicial intentaba determinar el monto exacto del presunto desfalco y abarcaba otras maniobras como adulteración de registros contables, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso irregular de una cuenta denominada “Ingresos Pendientes”. Frente a estos hechos, la Municipalidad eliminó el manejo de efectivo, inició una auditoría interna, entregó toda la información requerida por la Justicia y solicitó una pericia contable. La defensa de Watson argumentó que el dinero le pertenecía y que lo llevaba por cuestiones de seguridad.
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