“Tu vida es fácil de terminar”: la amenaza que figura en la denuncia colectiva de feriantes de La Salada por estafa

“Tu vida es muy fácil de terminar… ¿Sabés lo que vales vos? ¡Un pancho y una coca!”.

Un grupo de 41 comerciantes de La Salada, que trabajaban en la feria conocida como “Ocean - El Playón” en Ingeniero Budge; presentó una denuncia penal colectiva ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora por haber sido estafados en 35 millones de pesos, además de amenazados, por tres sospechosos que los habrían engañado con la promesa de ayudarlos a retomar sus puestos tras la reapertura del predio que había sido clausurado. Ostentaban una la supuesta influencia política y judicial.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora en turno en las últimas horas, los feriantes acusan a W.G., J.R. y G.R., de haberse aprovechado de una situación de crisis laboral para engañar a 41 trabajadores, quienes habrían entregado una suma millonaria a cambio de gestiones inexistentes.

Los hechos se remontan al mes de julio de 2025, luego de que los feriantes fueran impedidos de retomar sus puestos tras una clausura de la feria. Surge del escrito que G.R., vecino de uno de los damnificados, ofreció contactos para “resolver” el conflicto.

Facilitó así el enlace con J.R., quien se presentó falsamente como Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina (SUTFRA). Y también con W.G., presunto Presidente de la Organización Internacional de Trabajadores Independientes (OITI): de acuerdo a la denuncia, solo existe desde 2024 y carece de reconocimiento oficial tanto en la Inspección General de Justicia como en organismos internacionales.

La maniobra delictiva, desglosan los feriantes, tomó forma durante sucesivas reuniones y mensajes entre el 7 y el 12 de julio de 2025. En ese lapso, los denunciados construyeron un relato en el que aseguraban tener llegada directa a la fiscal federal Cecilia Incardona y ofrecieron mediar ante la intervención de la feria y la Justicia Federal para que los puesteros recuperaran sus empleos.

La denuncia incluye copias y grabaciones de audios, mensajes y documentos falsificados que supuestamente provenían de la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Incardona. Se destaca un correo apócrifo, elaborado para dar verosimilitud a la gestión simulada, y la fabricación de un amparo judicial con firmas y datos adulterados.

El pago, dos sobres

El padecimiento económico fue inmediato. El grupo, que integra la Cooperativa Ocean de Provisión para Feriantes y Comerciantes, logró reunir dos sobres con 12.600.000 pesos argentinos y 18.900.000 pesos argentinos, respectivamente, que entregaron en la casa de J.R. en Longchamps, bajo la presión y supervisión de los tres señalados, quienes, de acuerdo al escrito, exhibieron armas de fuego para reforzar la coacción.

Uno de los testigos relató que “a la reunión debíamos llevar los 25.000 dólares en dos sobres”, reforzando la idea de que el pago era condición sine qua non para acceder a la supuesta solución.

La puesta en escena incluyó la convocatoria a una supuesta reunión en la Fiscalía Federal N°2 para el 11 de julio, a la que asistirían tres feriantes. Finalmente, no vieron ingresar a W.G. al edificio y recibieron mensajes para abandonar el lugar, alegando que el trámite ya se había realizado con resultado favorable.

Más tarde, las explicaciones se transformaron en excusas acerca de la supuesta “falta de firma” del juez, requiriendo pagos adicionales y manteniendo la amenaza de que sin desembolsar 15.000 dólares más jamás recompondrían sus fuentes de ingreso.

Cuando el engaño quedó en evidencia y los damnificados lograron contactar directamente a la verdadera Secretaria General de SUTFRA, Mariana Berbeglia, la maniobra comenzó a desmoronarse.

Los acusados dispararon una batería de mensajes difamatorios y amenazas de muerte hacia Berbeglia y hacia un feriante, a quien J.R. le envió un mensaje intimidante: “Tu vida es muy fácil de terminar... ¿Sabés lo que vales vos? ¡Un pancho y una coca!”.

En la enumeración de pruebas aportadas, los denunciantes consignaron la existencia de capturas de mensajes y correos electrónicos obtenidas a través de acta notarial, así como grabaciones de reuniones y charlas telefónicas entre las partes, filmaciones de la entrega del dinero y copias del falso amparo presentado ante los juzgados federales de la jurisdicción.

Los feriantes ofrecieron, además, la declaración testimonial de los 41 afectados y remarcaron la importancia de la primera audiencia con Berbeglia, quien “con conocimiento directo respecto de los hechos acaecidos, puede ilustrar acabadamente de todos los sucesos a ese Ministerio Público Fiscal”.

En el escrito se detallan también los delitos que atribuyen a los acusados: estafa reiterada, usurpación de títulos, tráfico de influencias, falsificación de documentos, asociación ilícita, amenazas, coacción y difamación agravada, todos ellos de competencia federal por haberse invocado la supuesta influencia de una funcionaria judicial federal y por la falsificación de instrumentos públicos nacionales.

La denuncia sostiene que “se ha obstruido y corrompido el buen servicio de los empleados de la Justicia Federal a través de la mentira y la simulación de gestiones que jamás existieron”.

Un aspecto relevante del pedido es la solicitud urgente de medidas cautelares de protección para garantizar la seguridad de los denunciantes, en especial de quienes recibieron amenazas directas.

A ello suma los antecedentes penales firmes que pesan sobre W.G., condenado a 20 años de prisión por homicidio y secuestro, y los antecedentes de J.R., solicitando la “inmediata detención de ambos imputados por el riesgo procesal y la posibilidad concreta de reiteración delictiva”.

El escrito cierra con el pedido de que los damnificados sean tenidos como querellantes particulares para impulsar la investigación y proveer todas las pruebas que obran en su poder. Requieren, además, que la fiscal Cecilia Incardona sea informada de inmediato sobre la denuncia, advirtiendo sobre la gravedad de los delitos cometidos en su nombre y la necesidad de proteger la actuación judicial ante posibles maniobras que la desacrediten frente a la ciudadanía.