Un control rutinario en la Ruta 40 impulsó la captura de Abraham Cigarroa Cervantes, ex ejecutivo de alto rango e identificado como mexicano prófugo con pedido de captura internacional, tras ser acusado de liderar un esquema de corrupción que involucró pagos ilegales en diferentes países de la región.
La detención, confirmada el pasado lunes en el paraje La Esperanza, provocó que las fuerzas federales de Santa Cruz trasladaran al sospechoso de inmediato a la capital, donde quedó bajo custodia en la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal, según información difundida por el portal Señal Calafate.
De acuerdo con el medio local El Nuevo Herald, un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó cargos formales contra Cigarroa Cervantes, vinculado a un esquema en el que la trama de pagos ilegales involucró a funcionarios públicos de Argentina, México y Brasil. Esta acusación se sostiene en virtud de denuncias que lo vinculan directamente a la entrega de sobresueldos para manipular decisiones administrativas en organismos estatales de los países mencionados.
De acuerdo con las fuentes federales citadas, Cigarroa Cervantes ocupaba el cargo de director financiero para América Latina de Stericycle, una compañía internacional especializada en gestión de residuos que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos. Las imputaciones en su contra incluían “conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)” y “conspiración para falsificar libros y registros contables, también contemplados en esa normativa”.
“Si resulta condenado, el acusado podría recibir hasta cinco años de prisión por cada imputación”, reportó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La investigación detalló que entre 2011 y 2016 se efectuaron pagos ilegales —mayormente en efectivo— que se calculaban como porcentajes de los contratos firmados con organismos estatales, y que dichos desembolsos eran disimulados mediante registros contables falsos, el uso de eufemismos y certificaciones financieras adulteradas.
En abril de 2022, la propia empresa Stericycle admitió su responsabilidad en los hechos y acordó abonar más de 84 millones de dólares en concepto de sanciones, como parte de una resolución conjunta alcanzada con autoridades de Estados Unidos y Brasil.
Regresó al país el empresario acusado de abusar de alumnos del Colegio Palermo Chico
El retorno anticipado de Marcelo Porcel a la Argentina, tras haber viajado a Punta del Este con permiso judicial por el casamiento de su sobrina, introdujo un nuevo elemento de tensión en la causa penal por la que está imputado por presuntos abusos a compañeros de sus hijos en el Colegio Palermo Chico. La irregularidad surge porque Porcel no informó a la Justicia su regreso, requisito estipulado como condición de su libertad, lo que podría comprometer su situación procesal.
Al tomar conocimiento del regreso de Porcel al país, el juez Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, exigió que el empresario informara su actual domicilio en un plazo de veinticuatro horas. La respuesta de Porcel llegó este martes, cumpliendo así la intimación del magistrado. Esta no es la primera vez que el empresario enfrenta cuestionamientos por su accionar respecto a los controles judiciales. El 15 de diciembre, la querella solicitó su detención tras confirmar que había abandonado su departamento de la calle Godoy Cruz y se había mudado a otra propiedad en la calle Demaría, hecho que tampoco había comunicado.
A pesar de las reiteradas solicitudes del abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, de que se detenga a Porcel, el fiscal Pablo Turano no respaldó las presentaciones. Desde julio de 2024, cuando se inició la causa, no se realizó la indagatoria correspondiente. El motivo fue la incorporación de una nueva denuncia impulsada por la querella justo cuando se preparaba la citación para declarar, situación que demoró el avance del proceso.
El itinerario internacional de Porcel en este período incluye, además del viaje a Uruguay, visitas a Costa Rica, Inglaterra y España, todas autorizadas previamente por la Justicia. Durante su estancia reciente en Punta del Este, el empresario quedó registrado como huésped en la Torre Le Parc, ubicada frente a Playa Brava y a escasos metros de la avenida Roosevelt, conforme constaba en su solicitud de permiso de viaje presentada ante el juzgado y la fiscalía.
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