441 hechos de estafa y $36 mil millones de embargo: duro golpe para el “Cositorto de los departamentos”

En las últimas horas, la Justicia tomó una dura decisión contra el empresario e ingeniero civil Vito L’Abbate, cabeza junto a sus hijos del grupo Induplack, acusados de la mayor estafa inmobiliaria de la historia reciente.

Tras una exhaustiva investigación de la fiscal Mónica Cuñarro, la jueza Paula González decidió ampliar por segunda vez el procesamiento de Vito, hoy preso en el penal de Devoto. Hoy, lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer 441 hechos de estafa, según el nuevo fallo al que accedió Infobae. El agravamiento en la imputación es notable. En su procesamiento anterior, el patriarca del clan había sido acusado de 85 casos.

Su hijo Emanuel Andrés también fue acusado de ser un jefe de la asociación ilícita. Sus otros hijos, Juan Ignacio y Santiago David, así como su colaborador Patricio Gastón Flores -todos ellos detenidos bajo prisión preventiva en diversos penales federales como Ezeiza y Marcos Paz- fueron señalados como miembros. González decidió ratificar la inhibición de bienes de todos los imputados, una medida que ya había tomado a fines de julio último.

El monto del embargo merece una mención aparte: $36.954.357.836. El salto es cuántico: en decisiones previas, el clan L’Abbate había sido embargado por poco más de $900 millones.

El caso

Los L’Abbate operaban con dos brazos: la inmobiliaria Induplack e Induplack Fiduciaria SA, que administraba los fideicomisos, hoy con un rojo de más de 100 millones en cheques sin fondo.

Según la acusación, la empresa Induplack operó desde 2012 hasta abril de este año en el creciente mercado inmobiliario porteño, con ofertas de obras de pozo con cuotas pesificadas, que resultaban tentadoras para pequeños inversores, personas que tras años de ahorro deseaban tener su casa. Ofrecieron, por lo menos, 13 obras en su esquema a lo largo de diversos barrios porteños, en calles como Caaguazú, Ruiz Huidobro y la avenida Rivadavia.

Con el tiempo, las demandas y causas judiciales comenzaron a apilarse. Induplack no entregaba los departamentos. El grupo sangraba por deudas, atravesado por escraches online de sus víctimas.

La jueza González calculó el supuesto daño causado en 24 millones de dólares y 1125 millones de pesos.

El fondo común en la mira de la Justicia

Entre 2021 y 2022, el grupo Induplack se multiplicó con casi una decena de empresas, la gran mayoría cáscaras vacías. Los L’Abbate ofrecieron una explicación al respecto:

“Durante la audiencia celebrada el 15 de abril pasado, en el marco de su descargo, Vito y Emanuel L’Abbate intentaron justificar la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares por lo que empezaron a vender activos de la familia y de la empresa familiar y que nunca se quisieron concursar. El último de los nombrados aseguró categóricamente: ‘El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden, por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios’”. Sin embargo, el plan falló.

Un expediente un tanto particular se acumuló a la causa de la jueza González y la fiscal Cuñarro. El expediente investiga el fondo común “Quinquela +Predial Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27260”, que involucró a los L’Abbate. El registro del fondo fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores en 2017. “Los beneficios para los inversores se centraban en que, adquirían la titularidad de unidades funcionales que luego podrían ser vendidas”, apuntó González.

El propio socio gerente del fondo común denunció el caso en la Justicia. Según la denuncia, “los pormenores detallados, no tuvieron otra finalidad que la de obtener el control de todo el negocio, pues el dinero invertido sirvió para blanquear fondos (recuérdese que se formalizó en el marco del sinceramiento fiscal) y, luego todo el dinero que ingresaba por la venta y reventa de inmuebles no iba al Fondo Común de Inversión ni a la construcción de los edificios, sino que se desviaba en beneficio de los imputados”, continuó la jueza.