
La investigación judicial por el cuádruple homicidio culposo ocurrido en la Ruta Nacional 22 avanza con la búsqueda activa de testigos. El fiscal adjunto Facundo Polantino solicitó públicamente la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación para identificar a personas que hayan presenciado el siniestro o puedan aportar datos sobre la ubicación de la camioneta involucrada, con el objetivo de reconstruir la mecánica del impacto.
El hecho, que tuvo lugar entre Allen y Fernández Oro, involucró a una camioneta Amarok conducida por Axel Adrián “Chinito” Araneda, de 29 años, quien embistió una EcoSport en la que viajaba una familia oriunda de Catriel. Como consecuencia, fallecieron Liliana Cocuzza, su hija Carina y dos niños de cuatro y seis años. La Fiscalía subrayó que la información de testigos presenciales podría resultar determinante para esclarecer los detalles del accidente y fortalecer la causa judicial.
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Durante la audiencia de formulación de cargos celebrada en los Tribunales de Roca, el abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco sostuvo que las pruebas reunidas hasta el momento son contundentes y responsabilizan directamente a Araneda.

Según Hertzriken Velasco, la tragedia fue consecuencia de una serie de conductas imprudentes: “Si Araneda no hubiese conducido a una velocidad superior a los 170 kilómetros por hora, si no hubiese manipulado su teléfono filmando historias mientras conducía, si no hubiese trasnochado en una confitería de Cipolletti o consumido estupefacientes, probablemente el cuádruple homicidio culposo no hubiese acontecido”, declaró a LM Play.
El letrado explicó que el proceso de investigación se extenderá durante cuatro meses, aunque ya existen elementos suficientes para descartar otras hipótesis sobre la muerte de la médica reconocida de Catriel, su hija y sus nietos. “Está probado que venía manipulando el teléfono, con la exigencia que tiene una formulación de cargos realizada a cuarenta y ocho horas del hecho. Se pudo determinar muy rápidamente que se venía filmando muy poco antes del hecho. El teléfono se secuestró y se va a poder precisar. Ahora tenemos cuatro meses para aportar más pruebas”, afirmó.
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Las pruebas presentadas en la audiencia indican que Araneda tenía alcohol en sangre y se sospecha que también había consumido drogas. “Tres horas después tenía 0,60 gramos de alcohol en sangre. Se hace un cálculo para reconstruir el gramaje y determinar que tenía aproximadamente 1 gramo de alcohol por litro de sangre. Es probable que haya consumido estupefacientes”, concluyó el abogado querellante.

Por su parte, la defensa de Araneda, representada por el abogado cipoleño Michel Rischmann, argumentó que el conductor de la EcoSport actuó de manera imprudente al detenerse sobre el carril rápido de la Ruta 22, lo que, según su planteo, impidió que Araneda pudiera evitar la colisión.
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Hertzriken Velasco reconoció parcialmente este argumento, pero rechazó que el único sobreviviente de la tragedia sea responsable del desenlace. “La detención de la EcoSport no fue imprudente. Quizás sí ubicarse en la zona que se denomina de sobrepaso, que no es un carril para circular. Ahora bien, no fue una maniobra imprevista. El vehículo estaba bien retirado, con una parte sobre la banquina. Estamos convocando a otros automovilistas que hayan sobrepasado y esquivado al vehículo detenido”, explicó el abogado.
El querellante insistió en que la maniobra de detención no fue el factor determinante del accidente. “La defensa nos propone un caso que es respetable, pero nosotros le planteamos en la misma audiencia que si (Araneda) hubiese manejado dentro de la velocidad permitida, mirando al frente y sin haber consumido alcohol, el resultado no hubiese acontecido. Y va a responder por ese resultado, esta tragedia que es un homicidio culposo cuádruple”, agregó Hertzriken Velasco a LM Play.
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En caso de confirmarse el exceso de velocidad, el uso del celular y el consumo de alcohol, la situación judicial de Araneda se agravaría. No obstante, el abogado de la familia de las víctimas advirtió que, según la legislación vigente, “el máximo que puede pasar preso es de seis años. La escala punitiva puede parecer baja, pero es responsabilidad de los legisladores nacionales modificarlo. Hoy esa es la escala punitiva”, señaló. De acuerdo con la acusación, Araneda solo cumpliría un año y medio de cárcel por cada una de las muertes.

El letrado recordó que en otros casos de muertes por imprudencia al volante se dictaron condenas cercanas al máximo previsto y consideró que ese es el escenario probable para Araneda. “Si es condenado va a ser de cumplimiento efectivo porque sería declarado reincidente, sin derecho a libertad condicional”, afirmó.
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Tanto la Fiscalía como la querella solicitaron durante la audiencia que Araneda permanezca en prisión preventiva ante el “riesgo concreto de fuga”. El tribunal concedió la medida cautelar por un plazo de cuatro meses, periodo en el que deberá completarse la investigación.
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