Luego de que el equipo de fiscales que investiga la corrupción judicial en los tribunales de Rosario, pidiera la detención e indagatoria del juez federal Gastón Salmain, se conoció en las últimas horas la decisión tomada por la Justicia.
El juez federal Carlos Vera Barros hizo lugar a un requerimiento del Ministerio Público Fiscal y citó para el próximo 25 de noviembre al magistrado investigado en una causa por presunta participación en una asociación ilícita junto a los empresarios Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal no procedió con el pedido de detención porque Salmain cuenta con inmunidad de arresto, según la Ley 25.320 de fueros para jueces federales.
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El Juzgado Federal N°4 de Rosario, a cargo de Vera Barros, firmó la medida tras considerar que existían elementos suficientes para avanzar con la indagatoria no solo del actual titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, sino también de los otros dos involucrados, cuyas comparecencias ante la justicia están previstas para el 26 y 27 del corriente, respectivamente.
La causa puso en la mira un presunto entramado delictivo dedicado a facilitar la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior entre septiembre de 2023 y abril de 2024, mediante la manipulación de expedientes judiciales en la ciudad santafecina.
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Salmain fue imputado por cohecho pasivo agravado por su condición de juez y prevaricato, además de abuso de autoridad en un expediente penal conexo por el que recientemente fue allanado en su despacho. La medida fue solicitada tras la intervención de un equipo de fiscales federales pertenecientes a la Unidad Fiscal de Rosario, otros a PROCELAC y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La causa también involucra a otras figuras del ámbito judicial y empresarial, como el ex juez federal Marcelo Bailaque -actualmente detenido- y el ex jefe de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, en la investigación por presunta extorsión a empresarios regionales.
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La principal hipótesis apunta a una trama de corrupción dentro de los tribunales federales de Rosario, donde, de acuerdo con la fiscalía, se favoreció a personas y empresas bajo investigación a cambio de pagos u otros beneficios ilícitos. Entre las maniobras investigadas destaca una resolución firmada por Salmain a fines de 2023, por la que el juez hizo lugar a una medida cautelar presentada por Attila Fideicomisos SRL —firma que sería controlada por Whpei— que habilitó el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios para comprar hasta 10 millones de dólares al valor oficial.
El financista fue uno de los arrepentidos en la causa y su testimonio es uno de los ejes de la investigación sobre extorsión, lavado y salida de divisas en el sistema judicial rosarino.
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Acusaciones y allanamientos
En diciembre de 2023, bajo el contexto de cepo cambiario y marcada brecha entre el dólar oficial y el informal, la empresa liderada por Whpei obtuvo autorización para operaciones cambiarias por la mencionada suma en dólares, supuestamente destinados a cancelar deudas con acreedores extranjeros, aunque la justicia no pudo establecer la existencia real de tales pasivos.
La resolución judicial, adoptada sin consulta al Ministerio Público Fiscal y pese a la apelación del Banco Central, fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en marzo de 2024. Esa revocación detuvo el curso de la operación, mientras la investigación comenzó a centrarse en la relación entre el magistrado y el empresario financiero, así como en la existencia de posibles retornos o pagos irregulares vinculados a la intervención judicial.
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En octubre pasado, el MPF había solicitado el secuestro del teléfono celular de Salmain en su despacho, un iPhone 17, pero el intento de allanamiento fue frustrado por la filtración de la orden judicial. Al ser informado, el juez comunicó el episodio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, movimiento que también quedó bajo investigación. La semana pasada, finalmente, los allanamientos se concretaron y se requisaron el despacho y los dispositivos electrónicos, a instancias del juez de garantías Román Pablo Lanzón.
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