El Juzgado Federal de Campana dictó el procesamiento y la prisión preventiva de Luis Osmar Salomón, el hombre de 45 años oriundo de Zárate acusado de haber protagonizado una serie de amenazas de bomba que, entre junio y septiembre de este año, generaron evacuaciones masivas y operativos de seguridad en varias instituciones de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.
La medida alcanzó a Salomón como responsable de seis episodios de intimidación pública. Además, el juez ordenó un embargo sobre sus bienes por 30 millones de pesos, cifra destinada a cubrir los eventuales daños materiales ocasionados por los operativos desplegados tras cada amenaza.
Salomón, chofer de combi escolar, fue arrestado en su vivienda por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) tras una investigación que permitió vincularlo con los llamados intimidatorios. El proceso lo tiene como protagonista de amenazas dirigidas a cinco espacios emblemáticos de Pilar: la Universidad del Salvador (USAL), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), el Hospital Austral, la Universidad Austral y el Colegio Verbo Divino.
El operativo de arresto ocurrió el 10 de septiembre, luego de que la PFA rastreara con técnicas de inteligencia y campo la línea telefónica utilizada en las amenazas hasta identificar que estaba a nombre de Salomón.
En la residencia se secuestró el aparato celular que presuntamente le sirvió para comunicarse con el 911 en distintas fechas: 17 de junio; 1, 11, 14 y 28 de agosto; y 8 de septiembre.
En el primer episodio apareció una nota manuscrita en el baño de la USAL alertando sobre la colocación de explosivos, en la que se leía: “Culpa del maldito gobierno que tenemos en nuestro país tenemos que aser (sic) esto… En el trascurso del día de hoy se van a activar 4 explosivos en la facultad USAL y UCES. La última se activará 19:00 hs en las dos facultades… Aula x aula van a tener que buscar”.
Aquel día, Salomón también se presentó como la persona que notificó por primera vez la presencia de la intimidante carta ante las autoridades universitarias. Esta situación, sumada al análisis de llamados recibidos en la central de emergencias y la información provista por empresas de telefonía, permitió a los investigadores profundizar en su perfil y el posible vínculo con la seguidilla de hechos.
En cada ocasión, los mensajes advirtieron sobre la supuesta colocación de artefactos explosivos en distintas entidades de Pilar e incluyeron mensajes como “por culpa de este Gobierno a las 20:00 horas se van a detonar tres explosivos” o “en cuarenta y cinco minutos más o menos en la Facultad UCES se van a detonar dos explosivos por culpa de este Gobierno”.
Las repercusiones fueron inmediatas: evacuaciones totales, interrupciones en el dictado de clases y la atención hospitalaria, así como la intervención de fuerzas policiales y bomberos, que debieron montar operativos de búsqueda para descartar la existencia real de explosivos.
La causa, en un principio, recayó en la justicia provincial, pero se remitió al fuero federal una vez comprobada la reiteración de los hechos y el alcance en el orden público. El propio juez Adrián González Charvay del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana fundamentó la prisión preventiva al identificar riesgos procesales imposibles de neutralizar con medidas menos limitantes y la importancia de garantizar el curso de la investigación.
Salomón, durante su declaración indagatoria, rechazó los cargos. Afirmó que ofrecía su teléfono móvil a los alumnos que transportaba y que su voz no se correspondía con la registrada en los audios de los llamados. Además, negó animosidad hacia las instituciones ni hacia el gobierno nacional. Pese a estos descargos, el juez consideró suficiente el cúmulo de pruebas recabadas hasta el momento para avanzar con el procesamiento.
La causa se apoya en diversos elementos: audios originales de los llamados, registros de la línea telefónica implicada, pericias sobre la nota manuscrita y análisis de aplicaciones vinculadas a ese número, como Mercado Pago y WhatsApp.
Sobre la escritura de la carta, la pericia scopométrica concluyó que el material examinado coincide con los rasgos gráficos propios de Salomón.
En cuanto al embargo, de 30 millones de pesos, es por el costo de las acciones policiales, que fue estimado en $1.244.724,46. Además, la Universidad del Salvador reportó gastos vinculados a las evacuaciones y procedimientos de seguridad por $5.345.000 y la UCES por $830.000.
El procesamiento recae en la figura de intimidación pública reiterada en seis oportunidades bajo los artículos 45, 55 y 211 del Código Penal.
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