La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó una resolución en la que fija en $5.000.000 la recompensa para quienes aporten información útil, que permita encontrar los restos de Rosmery Aramayo Torrez, desaparecida y presuntamente asesinada en Salta.
La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, responde a un pedido de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial de Tartagal, a cargo del doctor Gonzalo Ariel Vega, que investiga el expediente caratulado “Homicidio calificado por el vínculo y el género (femicidio)”.
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El caso se remonta al 17 de enero, cuando, según la investigación, José Eduardo Miranda salió de su domicilio en el barrio Ferroviario de Salvador Mazza junto a su pareja, Rosmery Aramayo Torrez, a bordo de una camioneta Ford Ranger roja. Ambos tomaron la Ruta Nacional 34 y luego la Ruta Provincial 54. Horas más tarde, Miranda regresó solo y lavó el vehículo. Desde entonces, no se tienen noticias de la mujer.
La Fiscalía sostiene que, tras tomar la ruta 54, José Eduardo habría asesinado a Aramayo Torrez, con la participación de José Alfredo, hijo de ambos. Hasta el momento, los restos de la víctima no han sido encontrados.
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La resolución detalla que la recompensa está dirigida a quienes, sin haber intervenido en el hecho delictivo, puedan aportar datos que permitan localizar los restos óseos o humanos de Rosmery Aramayo Torrez, o bien información certera sobre hallazgos en la Ruta Provincial 54 o en el camino al Rancho El Ñato (Ruta Provincial 146).
La resolución describe a la víctima como una persona de aproximadamente 1,60 metros de altura, cabello castaño oscuro, ojos marrones, tez trigueña y contextura robusta.
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Los detalles del crimen
La investigación sobre la desaparición de la mujer, de 52 años y nacionalidad boliviana, avanzó luego de que las cámaras de seguridad contradijeran la versión inicial de Miranda, quien había denunciado un abandono voluntario y relatado que ambos viajaron a Yacuiba (Bolivia) por pasos no habilitados, donde supuestamente Rosmery decidió terminar la relación y marcharse con un desconocido.
Kimberly Torres, su hija de otro matrimonio, residente en Tarija (Bolivia), alertó sobre la desaparición al no recibir comunicación ese día, lo que encendió la alarma familiar. La fiscalía confirmó la existencia de antecedentes de violencia de género en la pareja, aunque evitó brindar detalles.
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El caso fue derivado a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y la búsqueda se centró en la zona de Pozo La Yegua, donde el acusado afirmó que Rosmery cayó al agua tras un desmoronamiento de tierra. Sin embargo, los rastrillajes realizados con la colaboración de la comunidad local y el uso de drones no arrojaron resultados positivos. Posteriormente, se inspeccionaron áreas cercanas al Rancho El Ñato y una laguna en El Chivil, también sin hallazgos.
El 1 de febrero, la investigación sumó un nuevo detenido: José Alfredo Miranda, el hijo mayor de la pareja, fue imputado como partícipe primario por presunta colaboración en la desaparición, aunque luego recuperó la libertad bajo medidas sustitutivas y sigue vinculado a la causa. El hijo menor, de 7 años, quedó bajo el cuidado de familiares paternos por decisión judicial.
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Perros especializados inspeccionaron la vivienda y la camioneta de Miranda, sin detectar restos biológicos o humanos, según el Ministerio Público Fiscal de Salta.
La familia de Rosmery realizó marchas en Salvador Mazza y otras localidades para exigir justicia.
La causa es dirigida por los fiscales Gonzalo Vega, Pablo Cabot y Rafael Medina, con una unidad fiscal especial. Los investigadores sostienen que el móvil estaría vinculado a disputas económicas y patrimoniales, ya que “ella tenía propiedades y parece que él quería quedarse con ellas”, tal como pudo saber Infoabe al momento de la desaparición. Miranda permanece detenido con prisión preventiva, inicialmente por cuatro meses, prorrogables por igual período.
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