Este miércoles la Fiscalía Federal N° 3 de La Plata pidió llevar a juicio oral a un suboficial del Ejército Argentino, ubicado en City Bell, tras acusarlo de abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas coactivas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la fiscal Ana Russo ante el juez federal Ernesto Kreplak, las víctimas de estos hechos fueron dos soldadas voluntarias, que se encontraban bajo el mando del imputado de 47 años. La presentación realizada detalló que habría abusado sexualmente de E. S. G. en repetidas ocasiones, entre noviembre de 2022 y febrero del año siguiente. Los abusos se prolongaron hasta que la mujer denunció la situación ante la funcionaria militar que desempeñaba tareas como Punto de Enlace de Género en el Batallón de Comunicaciones Satelitales 601. Al mismo tiempo hizo la presentación ante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía Bonaerense.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal (MPF), los episodios tuvieron lugar en la Oficina de Comando y Servicio del batallón durante el horario de trabajo. Allí, el imputado cumplía funciones de suboficial y principal, y era un superior jerárquico de las víctimas, que una se desempeñaba como Soldada Voluntaria y su auxiliar.
En línea con la acusación, el hombre aprovechó su lugar de poder para abusar de ambas, con tocamientos en las partes íntimas, intentos de quitarle la ropa y besarles la boca y el cuello, incluso provocar acciones para el roce corporal. De acuerdo con el relato de la primera víctima, le pidió en reiteradas oportunidades, por mensajes, que le enviara fotos íntimas, le exigió la ubicación de su paradero y le ordenó que modificara la foto de su perfil.
La fiscalía recalcó que estos hechos ocurrieron siempre sin consentimiento de la mujer, aprovechando los momentos en los que se encontraban a solas. Además, la Fiscalía remarcó que el acusado realizó amenazas, manifestando que si la soldada contaba lo sucedido, usaría su jerarquía para gestionar su baja de la fuerza.
Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se dieron los hechos, Russo caracterizó los episodios descritos como “desarrollados en el marco de la institución militar, se enmarcaron en el contexto general de violencia de género y desigualdad estructural entre varones y mujeres, agravada por la relación jerárquica del imputado”.
Respecto de la segunda víctima, identificada como L. E. B., el requerimiento fiscal indicó que fue objeto de tratos arbitrarios y malos tratos durante el mismo periodo. En este caso, el organismo público describió que el imputado cerraba la oficina durante los momentos en que ambos compartían el espacio. Allí, se producían comentarios de índole personal y sexual por parte del suboficial, como haberle expresado “su deseo de tener relaciones sexuales”, a lo cual la víctima se negó.
El hombre también la contactaba para que “le enviara fotos de cómo se encontraba vestida y/o la ropa interior que tenía puesta en ese momento”, según consignó el MPF. Además, la amenazó con un “movimiento brusco” si llegaba a comunicar a terceros las situaciones vividas.
En la valoración de la prueba, las autoridades consideraron las declaraciones de las dos víctimas, los testimonios de compañeros y compañeras del batallón, y la indagatoria tomada al imputado. A su vez, consideraron el testimonio de otra subordinada que se refirió a la costumbre del acusado de mantener la puerta de la oficina permanentemente cerrada y que en ocasiones se negó a abrirla.
En paralelo, trascendió que el acusado tenía antecedentes de igual índole. Por delitos sexuales, estuvo privado de la libertad durante dos años, entre 2009 y 2011, por abuso sexual contra una adolescente de 14 años.
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