Tres empleados del Correo Argentino fueron sentenciados a cumplir una prisión domiciliaria, tras haber sido imputados por presuntamente haber creado un servicio paralelo de encomiendas internacionales en Rosario. El cuarto acusado llegó tarde a la audiencia y su situación está pendiente de definición.
Este viernes, el juez federal Eduardo Rodrígues da Cruz resolvió que los acusados continúen el proceso recluidos en sus domicilios, tras considerar que las pruebas presentadas por la fiscal federal Soledad García eran contundentes para ser vinculados a un esquema de contrabando agravado.
De acuerdo con el expediente de la causa, en la maniobra habrían participado el jubilado y ex encargado de la sección de encomiendas internacionales, Hugo L., el jefe del Nodo Rosario, Eduardo C., y su pareja, Maia L., quien se dedicaba a hablar con los destinatarios, cobrarles una suma de dinero y coordinar las entregas.
A lo largo de su exposición, la fiscal García apuntó que el cuarto imputado, identificado como Juan A., era el encargado de llevar los productos importados hacia los domicilios de las personas que los habían comprado originalmente.
“Idearon un sistema paralelo a los mecanismos establecidos legalmente para el ingreso de mercaderías extranjeras al país”, sostuvo la acusadora sobre la red que se habría puesto en funcionamiento en la sucursal ubicada en la calle Córdoba al 721.
Según la información recopilada por Rosario3, la maniobra consistía en “sustraer directamente las encomiendas que llegaban en las sacas desde el depósito de la localidad bonaerense de Monte Grande” para entregarlas en los domicilios de los destinatarios.
De esta manera, los empleados garantizaban que la mercancía eludiera el control aduanero y el pago de tributos correspondientes al Régimen de Envíos Postales Internacionales. Asimismo, la Fiscalía planteó que ambas partes salían ganando, ya que los imputados ofrecían el servicio a cambio de embolsar el 50 por ciento de los tributos que debían pagar los destinatarios.
Por este motivo, en el expediente judicial detallaron que el delito imputado está encuadrado en el Código Aduanero y presenta tres agravantes: la participación de más de tres personas, la intervención de empleados públicos y un monto superior a tres millones de pesos.
En este sentido, la fiscal García precisó que las maniobras ocurrieron al menos desde 1° de enero de 2023, y que la investigación se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó una serie de inconsistencias respecto de encomiendas internacionales que no habían sido entregadas.
Hasta el momento, la investigadora señaló que en el esquema habrían participado, al menos, cuatro empleados y otros tres ciudadanos que fueron imputados por contrabando agravado por haber recibido los productos, principalmente juguetes e insumos de odontología y estética, sin que estos fueran sometidos a los controles correspondientes.
Respecto a uno de los negociantes, la fiscal federal indicó que uno de ellos sería un importador oriundo de Arroyo Seco, que tendría un local en Rosario. De hecho, el mismo fue allanado en abril de este año y se descubrió que el propietario había adquirido “juguetes coleccionables y álbumes musicales en CD y vinilo por un valor de USD 155.000”.
Entre las pruebas presentadas, García exhibió “chats y conversaciones entre los imputados que demostraron el rol que tenía cada uno”. En esos intercambios, se confirmó la logística pensada para tal fin, las transferencias de dinero en pesos y dólares entre billeteras virtuales de los imputados producto de la ganancia por el servicio ilegal, referencias explícitas a la tarifa y el cobro a los destinatarios, y las zonas delimitadas para el despacho.
A pesar de esto, los tres ciudadanos que fueron involucrados en la causa continuarán en libertad. Mientras se espera la definición sobre el futuro procesal del encargado de realizar el reparto de los productos contrabandeados, la fiscal general afirmó que no descartaría que surgieran nuevas imputaciones.
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