“Son todos unos genocidas”: detuvieron a un italiano por amenazas a la embajada de Israel

Un ciudadano italiano de 42 años fue detenido este jueves en Ramos Mejía, partido de La Matanza, acusado de amenazar a la Embajada de Israel y a la comunidad judía en la Ciudad de Buenos Aires.

La acción fue realizada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional orientados a la prevención y neutralización de actos terroristas.

La investigación comenzó tras un llamado telefónico anónimo recibido en la representación israelí, donde un hombre, utilizando un tono agresivo, realizó intimidaciones y emitió expresiones de odio dirigidas a la colectividad judía, incluyendo la frase: “Son todos unos genocidas...”.

Ante la denuncia pertinente, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, encabezado por el juez Ariel Lijo, y con la intervención de la Secretaría N° 8 de Martín Fernando Canero; el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA logró identificar al sospechoso y establecer su residencia en la zona de La Matanza.

El operativo concluyó con un allanamiento en una vivienda situada en la calle Ecuador al 1500 de la localidad de Ramos Mejía, donde se produjo la detención del ciudadano italiano y el secuestro de elementos considerados de interés para el caso.

Los policías federales se llevaron de la casa del italiano -que tiene cuatro nombres- un teléfono celular, una computadora, una notebook, un pendrive, tres libros relacionados con el anarquismo y su desarrollo, y una camiseta con inscripciones vinculadas a grupos de resistencia contra la derecha.

Tras los procedimientos, el italiano sospechado de haber hecho los llamados intimidatorios fue puesto a disposición de la justicia bajo la imputación del delito de “amenazas”.

Hace una semana, se confirmó que el joven de 20 años que había sido detenido en Córdoba por haber realizado amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza no era la primera vez que realizaba este tipo de intimidaciones.

Todo comenzó el 23 de julio, cuando el imputado se comunicó con el 911 para alertar sobre un presunto explosivo que había colocado en un avión que iba a despegar de la terminal internacional de Ezeiza. “Mire, le informo la situación. Vamos a poner una bomba. Hay una bomba en el avión Boeing 747-87UF de registración 855GT. Está en Buenos Aires”, describió el detenido en el audio al que tuvo acceso Infobae.

“Estoy a punto de detonar la bomba. Si no para ya mismo el avión, lo explotamos”, advirtió el joven al operador, tras mencionarle que se trataba de un supuesto viaje con destino a Miami, Estados Unidos. Incluso, aseguró que se encontraba dentro de la unidad, lo cual sería comprobado como una mentira poco después de que se iniciara la investigación.

A partir de ese instante, la causa quedó en manos del juez federal Federico Villena, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.

La localización del sospechoso fue producto de una investigación realizada por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que realizó una serie de análisis de registros de conexión, trazado de antenas de telefonía celular, seguimiento de movimientos y transacciones bancarias y de billeteras virtuales, así como relevamientos en fuentes abiertas (OSINT) y tareas de campo.

Una vez corroborado el domicilio del imputado, el juez dispuso que la Policía de la Ciudad, junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria –a través de la Unidad Operacional Antiterrorista, el Grupo Especial de Asalto Táctico, el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos y la División de Canes, todos pertenecientes a la URSA II–, ejecutara el allanamiento y la detención del principal sospechoso. El procedimiento se realizó en una vivienda de la calle América al 500, en la localidad cordobesa de La Falda.

Acto seguido, el acusado fue imputado por el delito de intimidación pública. No obstante, el análisis del celular que fue secuestrado de la propiedad permitieron descubrir que había una relación directa entre el dispositivo y más de treinta llamados falsos que activaron operativos de emergencia.