La Corte Nacional de Justicia de Ecuador agravó una de las condenas por corrupción que pesan sobre Raúl Carrión, exministro del Deporte durante el gobierno de Rafael Correa, al aumentar de cuatro a ocho años de prisión la pena impuesta por un caso de peculado relacionado con la compra de equipos médicos. La decisión fue adoptada por un tribunal de apelación y se suma a una serie de sentencias que el exfuncionario acumula por hechos ocurridos durante su paso por la administración pública.
La resolución judicial fue emitida el 23 de junio de 2026 y modificó la sentencia dictada en 2017 dentro de un proceso por la adquisición irregular de equipos médicos para el Ministerio del Deporte. El tribunal determinó que tanto Carrión como Rafael Mendoza, exfuncionario de esa cartera de Estado, deberán cumplir una pena de ocho años de prisión por el delito de peculado.
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Además de la condena privativa de libertad, los jueces dispusieron el pago de una reparación integral por USD 36.872, valor que corresponde al perjuicio económico identificado por los organismos de control. Ambos sentenciados también quedaron inhabilitados de manera permanente para ejercer funciones públicas.
La investigación se originó a partir de un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado sobre contrataciones efectuadas durante la gestión de Carrión. Según los informes incorporados al expediente, en diciembre de 2007 el entonces ministro suscribió un contrato para la adquisición de equipos médicos por aproximadamente USD 163.000. Las autoridades concluyeron que la empresa adjudicataria no cumplía con los requisitos exigidos y que existió un sobreprecio que generó un perjuicio económico para el Estado.
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El caso se convirtió en uno de varios procesos penales abiertos contra el exfuncionario en relación con contrataciones realizadas cuando estuvo al frente del Ministerio del Deporte. La apelación presentada por la Procuraduría General del Estado buscaba una revisión de la sentencia inicial y finalmente derivó en el incremento de la pena.
La decisión judicial se produce casi dos décadas después de los hechos investigados y nueve años después de la condena original. El fallo fortalece el historial de sentencias emitidas contra Carrión, considerado uno de los exfuncionarios del correísmo con más condenas por delitos relacionados con la administración de recursos públicos.
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La trayectoria judicial del exministro comenzó a concentrar atención pública en 2008, cuando se iniciaron investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Ministerio del Deporte. En los años posteriores enfrentó múltiples procesos penales por delitos como peculado y tráfico de influencias.
Entre los casos más conocidos figura el denominado escándalo de los “comecheques”, una investigación que cobró notoriedad cuando durante un operativo judicial uno de los colaboradores de Carrión intentó destruir documentos financieros relacionados con la causa. Ese episodio se convirtió en uno de los símbolos de los primeros casos de corrupción que afectaron a funcionarios del gobierno de Rafael Correa.
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Con el paso de los años, varias de las investigaciones concluyeron en sentencias condenatorias. Registros judiciales y reportes de medios nacionales señalan que Carrión acumula al menos siete condenas por hechos vinculados a corrupción. Algunas de ellas están relacionadas con la contratación de bienes y servicios para el Ministerio del Deporte, mientras que otras corresponden a diferentes modalidades de peculado y tráfico de influencias.
En 2022 recibió una condena de 12 años de prisión por otro proceso relacionado con la adquisición irregular de equipos médicos. Esa sentencia también estuvo vinculada a contrataciones efectuadas durante su gestión ministerial y fue resultado de investigaciones impulsadas por la Fiscalía y la Contraloría.
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Las autoridades ecuatorianas han señalado además que el exfuncionario permanece prófugo de la justicia desde 2020. Diversos fallos emitidos en su contra no han podido ejecutarse debido a que no se encuentra bajo custodia de las autoridades.
La nueva decisión de la Corte Nacional de Justicia se suma a ese conjunto de procesos y representa uno de los fallos más recientes dentro de las causas abiertas contra exfuncionarios de alto nivel del correísmo.
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