Un agente penitenciario de Villa Atamisqui, en Santiago del Estero, fue denunciado penalmente por su ex pareja por presunta sextorsión, tras haberla amenazado con difundir videos íntimos. La mujer, de 27 años, radicó la denuncia luego de semanas de haber sido intimidada por el acusado, con quien mantuvo una relación hasta julio de 2024.
La denunciante relató que, cuando finalizó su vínculo, el oficial no aceptó la ruptura y buscó llegar a ella, incluso recurriendo a amigos cercanos para tomar conocimiento de sus actividades personales.
De acuerdo a la información a la que accedió el medio local Diario Panorama, entre los métodos utilizados por el hombre, figuraban reiteradas amenazas realizadas contra la víctima, en las que aseguraba que publicaría material íntimo grabado durante la relación, en caso de que no cumpliera determinadas exigencias de tipo personal.
La situación implicó la intervención de la Fiscalía de turno, a cargo de Andrea Juárez, quien dispuso medidas preventivas tales como la restricción de acercamiento y contacto del acusado hacia la mujer, con el objetivo de evitar nuevas situaciones de hostigamiento mientras se desarrolla la investigación penal.
El caso fue catalogado como sextorsión, una figura que consiste en la coacción mediante la amenaza de difundir material íntimo para obtener dinero, favores o acciones por parte de la persona afectada. En la denuncia presentada, la joven manifestó su preocupación y expuso los mensajes intimidatorios enviados por el agente.
Como parte del procedimiento, la Fiscalía solicitó informes administrativos sobre el hombre involucrado para evaluar su situación en el servicio y determinar posibles sanciones internas en paralelo al avance de la causa judicial. Además, tratarán de identificar si existe material comprometedor y si ha habido intento de difusión a terceros o en redes.
Condenaron a un hombre por sextorsión
En un fallo emitido a comienzos de este mes en San Luis, la Justicia local condenó a Diego Oliveri a dos años y tres meses de prisión efectiva por los delitos de distribución indebida de correspondencia, amenazas y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La causa se originó a partir de la denuncia de Gabriela Fernández Aberastain, profesora de fitness, por la difusión no consentida de un video íntimo.
La resolución fue dictada por el juez Gustavo Parrillis, quien presidió el tribunal unipersonal encargado de analizar las pruebas presentadas en tres jornadas de audiencia. La Fiscalía, representada por el fiscal Fernando Rodríguez, había solicitado una pena de tres años de prisión para el acusado, a quien consideró responsable de orquestar la difusión del contenido privado, de amenazar y violentar a su ex pareja.
Durante el proceso también se juzgó la conducta de Tatiana Yacarini, ex amiga de la víctima, quien fue sobreseída luego de que Gabriela Fernández aceptara sus disculpas y una propuesta de reparación económica por el daño causado, formalizada según lo establece el artículo 59 del Código Penal. El fiscal había pedido para Yacarini una condena de tres años y tres meses, pero el acuerdo entre las partes cambió el curso del expediente en su caso.
Yacarini aseguró durante el juicio que también fue víctima de manipulación por parte de Oliveri. Relató haber sufrido presiones y admitió haber amenazado a Fernández Aberastain en diversos mensajes, además de haber incumplido una orden judicial de restricción. No obstante, sostuvo que fue utilizada como “herramienta” para agraviar a la profesora, negando haber sido la responsable de la publicación del video íntimo en redes sociales.
El abogado defensor de Yacarini, Marcos Juárez, señaló a Infobae que ambas mujeres fueron víctimas de la violencia de género ejercida por Oliveri, describiendo un accionar sistemático del condenado para enfrentar y causar un sufrimiento conjunto a las dos.
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