Cuando ya transcurrieron siete meses desde que los cuerpos sin vida de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, fueron encontrados en un descampado de Florencio Varela, los investigadores esperan poder avanzar en la causa esta semana con la declaración de testigos claves. Mientras tanto, los familiares de las víctimas y sus representantes legales insisten en la falta de detenciones y en la necesidad de esclarecer los hechos.
La causa, radicada en el partido bonaerense sigue bajo la órbita del fiscal Darío Provisionato, quien además aguarda los resultados de un peritaje técnico sobre un dispositivo móvil incautado y prepara la ronda de declaraciones de varios vecinos que aseguran haber sufrido delitos en el mismo sector. No se descarta la hipótesis del robo a los chicos y posterior homicidio
El abogado Aníbal Osorio, representante de la madre de Paloma, sostuvo ante Noticias Argentinas que estas declaraciones pueden aportar información clave respecto a la inseguridad que predomina en el área. Para él, “los adolescentes fueron víctimas de un asalto” y esa hipótesis será defendida hasta que la Justicia logre confirmarla o descartarla. Por su parte, el fiscal Provisionato se encuentra enfocado en los resultados de la pericia telefónica, un elemento central para determinar la secuencia de hechos y posibles vinculaciones con los sospechosos.
Por el caso, dos hombres de 25 y 30 años permanecen bajo sospecha, aunque la Fiscalía todavía no dispuso medidas directas contra ellos. El fiscal aguarda también el resultado de futuros cotejos de ADN, a pesar de que las pruebas genéticas realizadas en la escena arrojaron resultados negativos. “Se extrajo sangre a los familiares, pero no hay muestras con las que cotejar”, explicaron allegados a la causa. El propio Osorio aclaró que la medida fue preventiva y solicitada por el abogado Carlos Dieguez, aunque finalmente no se hallaron rastros para comparar.
Los investigadores centraron parte de sus esfuerzos en un predio cercano a la escena, apenas a 60 metros del lugar donde fueron hallados los cuerpos. En ese espacio, funcionaba una estructura conocida por los vecinos como “la guardería”, un galpón donde hasta hace poco trabajaba una congregación evangélica autodenominada Familias Sanas.
En junio, y como parte de la instrucción, la Justicia allanó ese predio tras recibir pistas sobre movimientos sospechosos y posibles conexiones de los hechos con rituales particulares dentro de la comunidad religiosa. Al respecto, el abogado de la familia de Josué, Carlos Dieguez, remarcó ante Infobae que una de las versiones que se investigan apunta a la existencia de “ofrendas” o actividades poco habituales dentro del grupo.
En paralelo, un pastor que mantuvo vínculos con la familia de Paloma y que hasta 2019 encabezó actividades en aquel terreno, se encuentra en el radar del entorno del chico, aunque el fiscal de la causa no lo considera formalmente como sospechoso ni ha solicitado su declaración. Las familias explicaron que este hombre se mantuvo cerca del padre de la adolescente luego del asesinato, pero su actitud después del doble crimen despertó sospechas. Su ausencia durante los días críticos de búsqueda y el cierre repentino de sus redes sociales despertaron sospechas entre quienes acompañaban la búsqueda de los chicos desaparecidos.
En el operativo realizado en el predio, los investigadores solo incautaron un teléfono celular, que es el que en estos días estarán peritando. Este dispositivo podría aportar elementos objetivos sobre las horas previas y posteriores al doble homicidio, así como sobre posibles contactos o circunstancias desconocidas hasta el momento. Aunque esa línea de investigación se mantiene en la agenda de los allegados a Josué y Paloma, desde la fiscalía repiten que, por ahora, no hay vinculación probada entre la congregación religiosa y el crimen.
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