A un mes de que sea trasladada a una cárcel de máxima seguridad, la Justicia Federal de La Plata concedió la prisión domiciliaria a Natalia Foresio, una de las principales acusadas en la causa de las facturas apócrifas que investiga un fraude superior a 40.000 millones de pesos.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 hizo lugar al pedido de la defensa, a cargo de los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, quienes habían argumentado motivos específicos para que Foresio, hasta ahora detenida en el penal de Ezeiza, pudiera continuar el proceso en su domicilio.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Día de La Plata, la decisión judicial determinó su traslado inmediato a su domicilio e incluyó una advertencia precisa: la contadora platense deberá presentarse junto a sus fiadores en el juzgado en un plazo de 24 horas para firmar un acta de compromiso.
En ese documento, tanto ella como sus garantes deberán asumir formalmente la obligación de abstenerse de ejercer cualquier actividad profesional vinculada a la contaduría pública o de prestar colaboración tributaria, administrativa o financiera, mientras dure la restricción.
La resolución judicial establece que la prisión domiciliaria se otorga bajo caución juratoria de la propia Foresio, de sus hermanos y de su hijo mayor.
El documento ordena el traslado inmediato de la imputada a su residencia, pero impone un régimen de control estricto y una serie de condiciones que buscan evitar cualquier intento de entorpecer la investigación o de reincidir en las conductas que se le imputan.
Entre las ocho restricciones impuestas por el juez, se destaca la obligación de someterse a rondines policiales aleatorios y semanales en su domicilio, a cargo de la DUOF La Plata.
Además, Foresio tiene prohibido mantener contacto, por cualquier medio, con víctimas, testigos y coimputados, con la única excepción de su cónyuge y conviviente, Cortazzo.
La resolución también le impide utilizar dispositivos electrónicos y le prohíbe ausentarse de su domicilio sin autorización previa y expresa del tribunal.
Otra de las condiciones relevantes es la prohibición de ingreso al domicilio de personas ajenas al núcleo familiar, salvo que exista una autorización judicial expresa.
El fallo exige que tanto en el domicilio particular como en el estudio contable de Foresio se mantenga la baja de la conexión a internet, una medida que apunta a limitar cualquier posibilidad de comunicación o gestión remota vinculada a la causa.
Finalmente, la resolución contempla la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica, siempre que sea viable y no requiera conexión a internet, como mecanismo adicional de supervisión.
El caso de la contadora se dio a conocer a principios de junio, cuando Foresio quedó en el centro de una investigación judicial que la señala por presuntamente haber realizado una maniobra de evasión fiscal y salida ilegal de divisas montada que habría comenzado en 2020.
El expediente se abrió producto de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y ya provocó el procesamiento de decenas de personas, embargos millonarios, bloqueo de cuentas e inactivación masiva de CUITs, que se suman a las medidas impuestas sobre la mujer.
De acuerdo con los investigadores, Foresio en sociedad con su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, habría diseñado y administrado una red de empresas fantasma que operaban como “usinas” de facturación apócrifa. Desde su propio estudio contable, gestionó la creación de sociedades irregulares, la tramitación de sus claves fiscales y sus inscripciones en domicilios que solían coincidir con su casa particular o la de familiares directos.
A partir de ahí, las sociedades habrían emitido comprobantes por prestaciones inexistentes, bajo la sospecha de que habrían intentado simular gastos y permitir que otras firmas, pertenecientes a los supuestos beneficiarios finales, redujeran su carga tributaria a partir del crédito fiscal generado.
Según los investigadores, la maniobra se habría desplegado en tres niveles. En la base, las “usinas” (Empresas A) se habrían encargado de generar facturas falsas, mientras que el segundo escalón (Empresas B) registraba compras truchas y revendido esos comprobantes.
Por último, en el tercer nivel (Empresas C), funcionaban con compañías reales con actividad en el sector turístico y hotelero.
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