Bolivia presenta en la ONU su política antidrogas basada en cinco ejes

El Gobierno de Bolivia presentó ante la comunidad internacional su política antidrogas durante la 69ª Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Viena, Austria. La propuesta fue desarrollada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien afirmó que el país busca fortalecer la cooperación internacional y aplicar un enfoque integral frente al narcotráfico.

La estrategia boliviana se sustenta en cinco ejes: el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional; el control responsable de los cultivos de hoja de coca mediante monitoreo y trazabilidad; la planificación estratégica y el uso de tecnología para mejorar la interdicción; la prevención y el tratamiento del consumo desde una perspectiva de salud pública; y el combate a las finanzas del narcotráfico.

El ministro Oviedo destacó que estas acciones buscan dar respuesta a un escenario en el que el narcotráfico adopta nuevas dinámicas y se vincula con otras economías ilícitas. En ese sentido, señaló que el fenómeno ya no puede abordarse únicamente desde una perspectiva nacional. “Hoy enfrentamos una realidad compleja que conecta seguridad, salud pública, desarrollo sostenible, estabilidad financiera y gobernanza institucional”, afirmó durante su intervención ante el organismo internacional.

Oviedo advirtió además que las organizaciones criminales han evolucionado hacia estructuras más sofisticadas que operan con una lógica empresarial y se articulan con distintos delitos transnacionales. Entre ellos mencionó el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas, los delitos ambientales y el contrabando.

En ese contexto, alertó que uno de los desafíos más urgentes para la comunidad internacional es la expansión de las drogas sintéticas y la proliferación de precursores químicos, fenómenos que se aprovechan de cadenas globales de suministro.

Ante este escenario, el ministro sostuvo que enfrentar el narcotráfico requiere respuestas coordinadas entre los Estados. “Enfrentamos economías criminales convergentes que requieren respuestas igualmente integrales”, señaló, al insistir en la necesidad de fortalecer la cooperación multilateral y el sistema internacional de fiscalización de drogas.

La delegación boliviana participa en la Comisión de Estupefacientes, el principal órgano de decisión sobre políticas de drogas a nivel mundial, para exponer su enfoque frente al narcotráfico y promover acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.

Bolivia es uno de los tres países productores de hoja de coca en el mundo, junto con Colombia y Perú. Aunque una parte de esa producción se destina al consumo tradicional y legal de la hoja —reconocido en la legislación boliviana—, otra parte se desvía a la producción de cocaína, lo que sitúa al país dentro de las dinámicas regionales del narcotráfico.

Según datos de las Naciones Unidas, Bolivia tiene 31.000 hectáreas de coca, de las que sólo 22.000 son reconocidas como legales. Si bien no hay datos oficiales sobre producción de cocaína, el zar antidrogas Ernesto Justiniano estimó en una entrevista con AFP que la fabricación anual bordea en la actualidad “las 300 toneladas al año”.

Adicionalmente, el país es considerado una región de tránsito de drogas producidas en otros países sudamericanos hacia mercados en Europa y, en menor medida, Norteamérica.

El nuevo gobierno de Rodrigo Paz ha manifestado la necesidad de reforzar la cooperación internacional y ha respaldado el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA) al país, después de casi 20 años sin presencia formal por la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 2008, en medio de acusaciones de injerencia política.