Una banda narco que operaba en la zona Oeste del conurbano bonaerense fue desbaratada tras nueve allanamientos en los partidos de Moreno y José C. Paz. Según la investigación, los líderes captaban jóvenes paraguayos con ofertas falsas de trabajo en la construcción, los traían engañados hasta la Argentina y, una vez en el país, los sometían, les quitaban sus documentos y teléfonos y los obligaban a vender drogas.
Los operativos fueron el resultado de una investigación que arrancó en mayo pasado, cuando distintas fuerzas policiales pusieron el foco en la actividad de narcomenudeo en barrios populares de la localidad de Cuartel V y la ciudad de José C. Paz.
En la causa intervienen la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Ezequiel Feeydier, y el Juzgado de Garantías N°1, que conduce la jueza Adriana Julián.
Tras meses de vigilancia, grabaciones y el aporte de vecinos, se comprobó que la organización criminal tenía una estructura rígida, roles diferenciados y usaba la violencia como forma de control territorial.
El líder señalado por los investigadores es un hombre conocido en su entorno como “Piky”, de nacionalidad paraguaya. Y tenía como mano derecha a su propio sobrino, Sergio René Portillo Martínez, de 24 años, quien quedó entre los detenidos tras los procedimientos, que se realizaron la semana pasada y concluyeron con el arresto de otros cuatro sospechosos: tres hombres de 22, 26 y 29 años y una mujer de 23 años.
De acuerdo a fuentes del caso, el grupo seleccionaba jóvenes en Paraguay, siempre varones, a quienes les ofrecían empleo en la construcción y hasta cubrían el viaje hasta Buenos Aires.
La propuesta era tentadora. Sin embargo, al llegar, la vida de estas personas cambiaba abruptamente: los recibía gente armada, que los trasladaba a casas tomadas y los despojaba de sus identificaciones, del dinero y de sus celulares. A partir de ese momento quedaban aislados y, bajo amenaza de armas y malos tratos físicos, recibían la orden de ponerse a vender drogas en distintos puntos del barrio.
Los jóvenes eran distribuidos en los llamados “búnkeres”, donde pasaban días enteros sin salir, bajo turnos forzados de 24 horas, con poco o nada de alimento y bajo permanente control de miembros armados de la organización. Algunos pudieron escaparse, pero fueron recapturados nuevamente y recibieron más golpizas y amenazas.
Al menos dos jóvenes fueron identificados y asistidos por la fiscalía como víctimas directas de este sistema de explotación, aunque se sospecha que puede haber más afectados por el mismo circuito, ampliaron las fuentes consultadas.
Precisamente, estas dos víctimas fueron halladas por la Policía durante los allanamientos concretados el jueves pasado. Tras certificar que no formaban parte del grupo criminal, sino que estaban en condición de sometimiento, recibieron la libertad dos días después.
En total, al día de hoy la causa tiene más de diez detenidos y hay al menos tres prófugos, todos identificados y con pedidos de captura nacional e internacional.
La banda también usaba viviendas tomadas para ampliar su negocio y dominio territorial. Echaban familias a la fuerza y ocupaban los espacios como puntos de venta y almacenamiento de estupefacientes. Además, está vinculada a dos homicidios ocurridos el año pasado en Moreno, ambos relacionados con conflictos en la venta de drogas y ajustes de cuentas.
En los operativos -fueron nueve en total-, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Moreno-General Rodríguez secuestró casi cinco kilos de marihuana en distintos formatos, 47 gramos de cocaína, 18 gramos de pasta base, más de dos millones de pesos, dos mil dólares, nueve celulares, cinco balanzas, una máquina contador de billetes, tres handys, cargadores de armas y cámaras de seguridad.
También incautaron un Chevrolet Cruze y una moto Zanella que los delincuentes usababan para recorrer los puntos de venta. Parte de la marihuana estaba empacada en porciones para entrega directa en los llamados kioscos.
Los cinco detenidos, imputados por los delitos de trata de personas e infracción a la Ley 23.737, se negaron a declarar y permanecen bajo arresto mientras avanza la causa y continúa la búsqueda de los prófugos.
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