Dos ciudadanos peruanos fueron detenidos en las últimas horas en la Villa Fraga, en el barrio porteño de Chacarita, acusados de operar un búnker dedicado al narcomenudeo. Durante los allanamientos, la policía incautó casi 240 envoltorios con cocaína.
Los imputados son un hombre de 23 años y una mujer de 32, a quienes les secuestraron importantes dosis de estupefacientes durante dos allanamientos que culminaron con el cierre del búnker.
Fuentes policiales indicaron a Infobae que la investigación de la Policía de la Ciudad comenzó en enero de este año, cuando se estableció una conexión entre los domicilios y los principales sospechosos, presuntamente dedicados al narcomenudeo en el barrio.
Luego de recabar información, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°28 libró las órdenes de allanamiento en dos domicilios. En uno de ellos, ubicado en la calle Palpa, funcionaba un búnker dedicado al fraccionamiento y acopio de estupefacientes.
Durante los procedimientos fueron detenidos ambos sospechosos, ahora imputados por infracción a la Ley de Drogas 23.737. También se secuestraron: 225 envoltorios con cocaína, otras 11 “bombas” con la misma sustancia con 164 gramos en total, una pistola con balines, dos garrafas y 510 mil pesos, así como celulares y herramientas de corte y fraccionamiento.
El búnker fue clausurado con soldadura metálica por personal de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias. Participaron la División Investigaciones Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad, la fiscal María Julia Correa y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE).
Cayeron otras dos bandas dedicadas al narcomenudeo en CABA
A principios de junio, dos organizaciones dedicadas al narcomenudeo fueron desarticuladas en los barrios Ricciardelli e Illia II de CABA, como resultado de una serie de allanamientos simultáneos dispuestos por la UFEIDE. La investigación, según fuentes oficiales, se originó tras reiteradas denuncias de vecinos que advertían sobre la presencia de personas vendiendo drogas a toda hora en espacios comunes.
En el caso de Ricciardelli, la fiscal Amil Martín encomendó las tareas de campo al Cinturón Sur de Gendarmería Nacional Argentina, que logró identificar una estructura compuesta por al menos seis personas. La organización, de acuerdo con lo informado, operaba de forma coordinada, con puntos de venta distribuidos estratégicamente en el barrio y con un sistema de vigilancia que incluía a individuos que oficiaban de “soldaditos”, encargados de alertar ante movimientos inusuales.
Durante los operativos, que se realizaron en simultáneo, los agentes lograron detener a las seis personas investigadas. En los procedimientos se incautaron 1,2 kilos de cocaína y 1 kilo de marihuana, ambos distribuidos en más de 1000 envoltorios plásticos. Las sustancias estaban listas para su comercialización, tal como señalaron fuentes del caso.
Luego de las detenciones, se firmaron acuerdos de avenimiento con penas diferenciadas. Una de las personas investigadas aceptó una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que otra recibió dos años de prisión en suspenso. Los cuatro restantes quedaron bajo arresto domiciliario, a la espera del avance del proceso judicial.
En paralelo, en el barrio Illia II, la fiscalía ordenó la detención de cuatro personas, también acusadas de integrar una red de venta de estupefacientes. En esta causa, las tareas de investigación estuvieron a cargo de la División Investigaciones Antidrogas Zona III de la Policía de la Ciudad. Dos de los detenidos ya firmaron acuerdos de avenimiento con penas de cuatro y dos años de prisión, respectivamente.
En los allanamientos realizados en esta zona se secuestraron 800 gramos de marihuana y 15 gramos de clorhidrato de cocaína, además de diversos elementos de corte y fraccionamiento de sustancias, según detallaron fuentes vinculadas a la causa.
Ambas investigaciones se iniciaron a partir de reportes vecinales que alertaban sobre el uso indebido de sectores comunitarios para la venta de drogas.
Con base en estos indicios, se logró avanzar con seguimientos, vigilancia encubierta y recolección de evidencia que permitió solicitar las órdenes de allanamiento. La coordinación de los procedimientos se llevó a cabo para evitar filtraciones que pudieran derivar en la fuga de los implicados.
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