La Policía de Córdoba realizó este martes una serie de allanamientos en distintos barrios de la capital provincial y en la localidad de Unquillo, donde se produjo un tiroteo. Un padre y su hijo dispararon contra los agentes, lo que terminó con un oficial herido, al igual que uno de los atacantes.
Como resultado de los procedimientos, en total, ocho sospechosos quedaron detenidos: cinco están acusados por su presunta vinculación a un homicidio cometido en febrero pasado.
Según información brindada por fuentes policiales y del Ministerio de Seguridad de la provincia, los operativos respondieron a una investigación por un asesinato ocurrido el 22 de febrero en barrio Jorge Newbery.
Ese día, encontraron el cuerpo de un hombre en la colectora norte de Avenida Circunvalación. Tenía múltiples tatuajes asociados a la vida carcelaria, cicatrices antiguas y había recibido cinco disparos: dos en el abdomen y tres en el brazo izquierdo.
La principal hipótesis desde el inicio fue la de un ajuste de cuentas. En ese contexto, se sospecha que el crimen se cometió en otro sitio y el cuerpo fue abandonado en la zona.
En el marco de la investigación por ese hecho, este martes se realizaron 18 allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y en Unquillo. Participaron efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales junto al Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER).
Durante uno de los procedimientos en Unquillo, un padre y su hijo abrieron fuego contra los uniformados. En ese enfrentamiento, uno de los integrantes del ÉTER terminó con una herida de bala en la pierna, mientras que uno de los hombres que disparó quedó herido en el hombro. Ambos recibieron atención médica y fueron trasladados, el agente al Policlínico Policial y el hombre al hospital de Unquillo.
El despliegue de la fuerza policial dejó ocho sospechosos detenidos: hombres, mujeres y un menor de edad. Cinco de quienes fueron arrestados son señalados como sospechosos del homicidio que motivó las investigaciones. Todos quedaron a disposición de la Justicia provincial.
Durante los allanamientos, además, la Policía secuestró un arsenal compuesto por 16 armas cortas, entre pistolas y revólveres; ocho armas largas, como escopetas, fusiles y carabinas; y más de 500 municiones de distintos calibres.
Entre el material incautado figuran fusiles de asalto FAL, rifles de precisión, un rifle Remington y una ametralladora.
Además, se secuestraron chalecos balísticos, tres autos, autopartes, más de 25 teléfonos celulares, cargadores y una mira telescópica. Los agentes también hallaron dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
Desde la cartera de Seguridad señalaron que la investigación sigue en curso. El ministro Juan Pablo Quinteros aseguró que se desarticuló “una organización delictiva con un alto grado de organización, que contaba con armas de guerra” y reafirmó que las líneas investigativas apuntan a posibles vínculos con delitos relacionados al narcotráfico.
Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía N°3, a cargo de Patricia Ramírez.
Hace poco menos de dos semanas, Córdoba también fue escenario de un fuerte operativo policial que terminó con la detención del director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, acusado de encabezar una organización criminal conformada por otros integrantes de la fuerza.
Las detenciones incluyeron a varios comisarios, un suboficial, un civil y el hermano del propio Ochoa Roldán, abogado de profesión.
En ese caso, fueron 11 los allanamientos que tuvieron lugar en la capital, varias localidades del interior y hasta oficinas dentro de la propia Jefatura de la Policía, donde incautaron computadoras, teléfonos, armas, dinero y documentación que formarían parte de la causa.
La investigación sostiene que la organización se valía del acceso a información reservada para realizar maniobras ilegales, cobros extrajudiciales y negocios en el ámbito judicial. El fiscal Guillermo González, a cargo del caso, aclaró que no existe ningún vínculo entre estas maniobras y la función de la Caminera respecto de las multas.
La causa investiga delitos graves como coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe y enriquecimiento ilícito.
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